En el escenario político actual, se han presentado varias impugnaciones a candidatos electos durante el pasado proceso electoral, lo que supone un desafío crucial para el Tribunal Electoral, sobre todo porque podrían incidir directamente en la configuración futura de la Asamblea Nacional.
Ya lo hizo Alejandro Pérez, candidato a diputado por el partido Realizando Metas (RM), quien solicitó la nulidad de la elección y de la proclamación de los diputados que resultaron electos en el circuito 8-4. Allí fueron electos cinco diputados.
También la diputada del Partido Revolucionario Democrático, Zulay Rodríguez, anunció que impugnará la elección en el circuito 8-2 de San Miguelito, donde fueron escogidos siete diputados.
Ante este escenario, el Tribunal Electoral emitió un comunicado en el que comunicó que resolverá, como es de costumbre y en estricto derecho, todas las acciones legales que interpongan los actores políticos que participaron en la elección general del 5 de mayo.
El derecho de impugnar una elección, si existen pruebas de ilegalidades, es LEGÍTIMO, venga de donde venga.
— Juan Diego Vásquez (@JDVasquezGut) May 21, 2024
Lo que nunca puede ser legítimo es que dichos procesos vulneren la voluntad popular y afecten la instalacióm de la Asamblea.
TE debe imprimirle urgencia a los procesos.
“Si se presenta alguna acción legal mediante demanda de nulidad, ya sea a la elección o a la proclamación de candidatos electos, los juzgados administrativos electorales conocerán la causa y deben resolverlas en los términos fijados en la ley, garantizando los principios del debido proceso y la igualdad de las partes”, indicó la entidad.
Según el Tribunal Electoral, estas acciones legales pueden ser interpuestas por los candidatos o partidos afectados, y el fiscal administrativo electoral, según lo establece el artículo 464 del Código Electoral.
De hecho, la Fiscalía Electoral impugnó la elección de Alaín Cedeño como diputado en el circuito 8-6, argumentando que superó el tope de gastos para ese cargo, el cual es de $300 mil.
Para el diputado independiente Juan Diego Vásquez, el derecho de impugnar una elección es “legítimo”, si existen las pruebas, pero lo que nunca puede ser legítimo es que dichos procesos vulneren la voluntad popular y afecten la instalación de la Asamblea.
Además, hizo un llamado al Tribunal Electoral: “El Tribunal Electoral debe imprimirle urgencia a los procesos”.