A tres días de dejar el poder, el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) aprobó el Decreto Ejecutivo 52, que habilitó el pago casi inmediato de prestaciones a los servidores públicos, incluida la prima de antigüedad y las indemnizaciones por renuncias o destituciones. En su momento, la medida fue cuestionada por diversos sectores, que la señalaron como un mecanismo para blindar la planilla política de esa administración.
Firmado por Martinelli y la entonces ministra de Trabajo, Alma Cortés, el decreto reglamentó las leyes 39 y 127 de 2013, que establecieron un nuevo régimen de estabilidad para el sector público y extendieron a los funcionarios un sistema de indemnizaciones similar al del Código de Trabajo.
Sin embargo, once años después, esas mismas normativas han dejado una deuda millonaria y un rastro de casos administrativos sin resolver en múltiples entidades, que aún no logran cumplir con las obligaciones acumuladas.
El reclamo
La diputada de Vamos, Janine Prado, advirtió que la deuda acumulada por el pago de la prima de antigüedad en el sector público se ha convertido en un problema estructural que ninguna administración ha querido enfrentar.
Recordó que existen “millones adeudados a miles de exfuncionarios en una prima de antigüedad que es un derecho laboral adquirido”, pero señaló que “ni siquiera el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tiene esa cifra”, lo que, a su juicio, evidencia “una negligencia e irresponsabilidad más de administraciones pasadas”.
Afirmó que la nueva administración fiscaliza el tema “para que se llegue a cumplir con estos exservidores públicos”, muchos de los cuales —añadió— enfrentan enfermedades o incluso han fallecido sin recibir lo que les corresponde.
“Existen deudas desde 2014”, advirtió, al subrayar que los gobiernos dejaron el tema “a discreción” de cada institución, sin controles ni planificación presupuestaria.
Los ejemplos
Los casos son numerosos. En septiembre, durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, reveló que el Minsa arrastra una deuda cercana a los 40 millones de dólares en concepto de prima de antigüedad acumulada desde 2014.
Detalló que la institución trabaja en la elaboración de un listado oficial de exservidores para establecer un plan de pago gradual, con el objetivo de ordenar un compromiso que por años permaneció sin control administrativo ni proyección presupuestaria.
Ese mismo mes, el Ministerio de Seguridad informó que ha desembolsado 2 millones de dólares en pagos de prima de antigüedad a 305 exfuncionarios, mientras otros 294 cheques —por un total de 572,800 dólares— permanecen pendientes de retiro.
La entidad también reconoció que mantiene 2,167 trámites adicionales en proceso, cuya suma asciende a más de 8.3 millones de dólares, una muestra del volumen acumulado de obligaciones que durante años quedaron sin una gestión ordenada. Solo entre estas dos instituciones, el monto supera los 50 millones de dólares.
La Caja de Seguro Social informó el año pasado que analizaba el pago de la prima de antigüedad a unos 6,000 exfuncionarios que han presentado solicitudes desde 2014. Para ello, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea aprobó un traslado de partida por 24.6 millones de dólares, destinado a complementar el pago de este derecho laboral acumulado durante más de una década.
Otras entidades, como el Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, comunicaron que este año pagaron primas de antigüedad por más de 200,000 y 300,000 dólares respectivamente.
En el presupuesto
Instituciones como el Ministerio de Comercio e Industrias, incluyeron en su presupuesto de 2026 una partida de 2.1 millones de dólares para el pago de este derecho. Lo mismo hizo la Autoridad Nacional de Tierras, al incluir 650,000 dólares para este tema, y la Universidad de Panamá, que destinó 5 millones para pagar primas, bonificaciones y otros programas.
Sobre este tema, el MEF informó que los montos no están centralizados y que cada entidad maneja su cifra de forma independiente. Asimismo, cada institución define cómo prioriza el pago de la prima de antigüedad.
Esto hace difícil conocer el monto total de la deuda.
Alejandro Haynes, secretario general de la Federación Nacional de Servidores Públicos, advierte que la deuda sigue creciendo sin control y que “la cantidad es muy alta de funcionarios y no se está cumpliendo con la ley”.
Explica que algunas instituciones han comenzado a incluir en sus presupuestos el pago de este derecho, pero insiste en que se debe priorizar a quienes salieron del Estado después del 1 de enero de 2014, como establece la normativa.
“Hemos luchado para que se pague, y los primeros deben ser los más antiguos y los que ya no están trabajando”, señaló, destacando que el Ministerio de Economía y Finanzas es una de las pocas entidades que ha dado ejemplo con desembolsos. Para Haynes, el rezago es tan profundo que la deuda arrastra historias dolorosas: “Hay personas que han fallecido esperando”.
