El exalcalde del distrito de Panamá, José Luis Fábrega, acudió al rescate de la empresa que tiene la concesión para cobrar las tasas, tributos y contribuciones que recibe el Municipio de Panamá, cuando esta alegó que la pandemia de la covid-19 le había ocasionado una “inestabilidad jurídica y económica”.
Multibank Inc., que en 2008 asumió el contrato originalmente adjudicado a DSI Centroamérica, S.A. en 2006, indicó que las medidas adoptadas por el Consejo Municipal de Panamá en plena pandemia le impedían cumplir con las “metas de recaudación”. De este modo, Fábrega (autorizado por el Consejo Municipal de Panamá) firmó una adenda (la número cinco) con el fin de “reponer el equilibrio económico del contratista”.
No se precisa la cantidad que dejó de recaudar la empresa para cumplir la “meta”, pero Multibank, ante una consulta de La Prensa, sostiene que la pandemia afectó las condiciones de la prestación de los servicios de recaudación, por factores como la declaratoria de moratoria, la reducción de la capacidad de pago de los contribuyentes, los costos en el proceso de cambio de recaudación de física a digital y la adquisición de herramientas requeridas para la recaudación digital.
El ‘equilibrio’
Pero esto no acaba de ocurrir: la adenda fue firmada el 23 de noviembre de 2020. Lo que pasa es que las nuevas autoridades desconocían por completo su existencia. La población tampoco tenía por qué saberlo: Fábrega jamás emitió un comunicado sobre esta decisión y tampoco consta que la adenda haya sido publicada en Gaceta Oficial.
En la Adenda 5 al Contrato 024-2006, firmado por Fábrega y los apoderados de Multibank Inc., Gabriel Arias Velasco y Antonio Fistonich Athanasiadis, se acordó que el Municipio de Panamá pagará una remuneración fija mensual de $683,000 al contratista, lo que suma poco más de $8.1 millones al año. El Municipio había acordado pagarle al contratista $75,000 al mes en el contrato original.
También se acordó que el contratista recibiría una remuneración variable equivalente al 6.5% sobre la recaudación base anual. Esta recaudación base se calculó en $72 millones. No obstante, una fuente indicó a La Prensa que al año se recauda un promedio de $136 millones, más del doble de lo pactado en el contrato. Si esto es así, eso significaría que el contratista podría quedarse con el 6.5% de unos $60 millones que se recauden al año, en concepto de remuneración variable.
En el contrato original se daba a entender que el excedente de la tabla sería un 42.9%.
Adicionalmente, el municipio pagará poco más de $8 millones a cambio del código fuente del sistema informático denominado ARI (Asistente en la Recaudación de Impuestos), para así mantener el control exclusivo del mismo. Para completar este monto, se acordó un pago inicial de $1.01 millones, otro final de $6,747, y el resto a través de 67 cuotas mensuales de $104,376.91 cada una.
La adenda 5 fue firmada el 23 de noviembre de 2020 y refrendada por el contralor Gerardo Solís el 25 de marzo de 2021. Este sería el último eslabón en la cadena de incidentes que ha acompañado a este contrato desde que vio la luz, hace 18 años.
El origen
La concesión nació en 2006.
Aunque existe una Tesorería Municipal (que por ley tiene la función de “determinar, liquidar y recaudar los impuestos y contribuciones”), el entonces alcalde Juan Carlos Navarro (hoy ministro de Ambiente) suscribió un contrato para el “apoyo” en la gestión de cobros y recaudación de tasas, tributos y contribuciones con la empresa DSI Centroamérica, S.A. El Contrato 024-2006 fue refrendado el 23 de julio de 2007.
En el contrato original, DSI se comprometía a mejorar la recaudación de tasas, tributos y contribuciones, la calidad de los servicios al contribuyente y la eficiencia de los procedimientos administrativos bajo la supervisión y control del Municipio de Panamá, específicamente a través de la Tesorería Municipal. No está claro por qué el Municipio de Panamá requería de una empresa como DSI para la recaudación de impuestos, algo que ya era tarea del departamento de tesorería municipal.
A través de dicho contrato, DSI asumió la responsabilidad de cumplir con atención al cliente, servicios básicos, mantenimiento del padrón del censo, gestión de morosos, e informes y estudios. La realidad fue otra. Al contrato se le han hecho hasta cinco adendas, la mayoría por faltas atribuibles al contratista.
La primera adenda fue seis meses después del refrendo, el 9 de enero de 2008, para extender los plazos en las etapas de implementación y, por tanto, de la fecha de inicio de la prestación del servicio de recaudación. La segunda, el 30 de diciembre de 2008, implicó el cambio de contratista: ante la intención del municipio de terminar la relación con DSI por incumplimiento, la empresa afianzadora, que era Multibank Inc., “asumió el contrato”. En la siguiente adenda (la número 3), pactada el 25 de agosto de 2010, las partes acordaron que Multibank Inc. subcontrataría a TX Panamá, S.A., para que prestara el servicio de recaudación al municipio.
Multibank, Inc. indicó a La Prensa que subcontrató a TX Panamá, “por ser una empresa reconocida en otorgar este tipo de servicios con éxito en diversas operaciones en la región”. Remarcó que no hay ninguna relación con DSI Centroamérica.
Luego vino la cuarta adenda. Y lo que pasó fue que se prorrogó el contrato por 10 años más, contados a partir de la fecha del refrendo de Contraloría (el 18 de mayo de 2018). De ese modo, se extendió el contrato hasta 2028.
¿Por qué se prorrogó el contrato por la vía de una adenda y no se convocó a un nuevo acto público?
Para entender esa decisión, La Prensa contactó al alcalde de aquel entonces, José Blandón (2014-2019).
Blandón dijo a este diario que el contrato, que ha estado vigente durante cinco administraciones, “ha cumplido con todos los requisitos y trámites legales desde el contrato original hasta cada una de sus adendas”.
El exalcalde defendió el contrato y su extensión.
“El contrato permitía una prórroga a la vigencia inicialmente pactada. Por ello, en nuestra administración, habiéndose cumplido todos los objetivos y deseando ampliar y modernizar los servicios a los contribuyentes y seguir incrementando la recaudación, se acordó bajar el costo del contrato a $3 millones al año, ampliar los servicios sin aumentar el pago a la empresa contratista y una prórroga al contrato”, resaltó Blandón.
“De esa forma se garantizó la continuidad del servicio, lo que es crítico para la recaudación del Municipio de Panamá”, agregó.
Resaltó que el contrato inicial y todas sus adendas fueron debidamente refrendados por la Contraloría General de la República, “en un período de tiempo en el que intervinieron cuatro contralores y seis alcaldes diferentes”.
Capacitación
Lo sorprendente es que en el contrato original de 2006 se había acordado que el contratista facilitaría el entrenamiento y la capacitación de al menos 150 funcionarios municipales, quienes supuestamente asumirían los servicios prestados por DSI al terminar la concesión.
La empresa también se comprometía a ceder a título gratuito todos los bienes que fueron utilizados en la ejecución del contrato y a transferir, de manera gratuita, todas las licencias de los programas informáticos utilizados en la explotación de este servicio que hayan sido desarrolladas durante el contrato.
¿Cómo están las finanzas?
En repetidas ocasiones, el alcalde Mayer Mizrachi ha dicho que su gestión heredó una crisis fiscal que data de administraciones anteriores, en particular la del exalcalde Fábrega (2019-2024).
Varias juntas comunales han denunciado que no cuentan con fondos suficientes para invertir en proyectos de sus comunidades. Mizrachi, quien recortó la planilla, alega que, aunque no es lo ideal, el dinero da hasta donde puede.
“Estamos apoyándonos hasta donde nos dé la manta, poniendo por encima de la politiquería la responsabilidad fiscal”, comentó.
Se intentó hablar con Fábrega, pero no atendió el requerimiento de La Prensa en las dos ocasiones que este medio le contactó.