Una de las principales quejas de los ciudadanos son los miles de hurtos de bajo valor que, aunque parecen hechos aislados, terminan convirtiéndose en un gran costo.
Ocurren en universidades, paradas de buses, centros comerciales y calles. En la Universidad Tecnológica de Panamá, estudiantes han denunciado este tipo de hechos y han pedido a la Asamblea Nacional modificar las normas para establecer consecuencias más efectivas.
En la Universidad de Panamá también se reportan situaciones similares. Son delitos que se repiten en distintos puntos y que han alimentado la percepción de que quienes los cometen aprovechan los vacíos o límites del sistema para volver a las calles.
Se trata de hurtos de menos de $250, $500 o $1,000 que, acumulados, representan pérdidas para ciudadanos y comercios y que, bajo determinadas circunstancias, pueden resolverse fuera de la jurisdicción penal, en la Justicia Comunitaria de Paz.
Un proyecto de ley pretende cambiar las reglas: si quien comete el hurto vuelve a hacerlo y cumple con las condiciones legales para ser considerado reincidente, el caso podría pasar a la jurisdicción penal.
La norma sobre hurto y robo
El Código Penal vigente establece que quien se apodere de una cosa mueble ajena puede ser sancionado con uno a tres años de prisión, o con su equivalente en días-multa, arresto de fines de semana o trabajo comunitario.
La norma, sin embargo, contempla una regla particular para determinados delitos contra el patrimonio: el artículo 237 dispone que esas sanciones solo se aplican cuando la cuantía supera los $250. Además, cuando la cosa hurtada o el perjuicio es de muy poco valor o significación, el artículo 236 permite al tribunal reducir la sanción hasta en la mitad.
Ese entramado de umbrales, penas alternativas y mecanismos de sustitución puede hacer que una condena no termine necesariamente en prisión. Para ciudadanos y comerciantes, ahí aparece una de las mayores frustraciones: denunciar un hurto, identificar al responsable y verlo nuevamente en libertad puede convertirse en una escena repetida.
Esto ya ha sido denunciado por el Centro de Estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá. Uno de sus dirigentes, Alan Camargo, ha pedido a las autoridades y a los diputados mayor rigurosidad en este tema.
Allí, según las denuncias de los estudiantes, se reportan entre cuatro y cinco hurtos diarios de celulares y computadoras portátiles. Incluso, docentes han sido víctimas de robos.
La propuesta de ley
Ante este escenario, el Proyecto de Ley 394, presentado por el diputado de Vamos Augusto Palacios, busca cambiar las reglas para los hurtos de baja cuantía y, sobre todo, para quienes vuelven a cometerlos.
La iniciativa parte de un problema que sus proponentes consideran cada vez más visible: miles de denuncias por delitos contra el patrimonio terminan tramitándose fuera de la jurisdicción penal. Entre enero de 2021 y julio de 2025, según los datos del Ministerio Público citados en la propuesta, Panamá acumuló más de 71,000 casos de hurto y cerca de 25,000 estafas.
Augusto Palacios, diputado de Vamos
“Solo con acciones coordinadas podremos responder al clamor social, proteger a la población y garantizar un entorno seguro y justo.”
Para sus impulsores, el problema no está únicamente en el número de denuncias, sino en lo que ocurre cuando una misma persona vuelve a aparecer ante las autoridades por hechos similares.
La reforma propone modificar ese recorrido. El límite de $1,000 que determina la competencia de la Justicia Comunitaria de Paz se mantendría para la primera falta, pero, si existe reincidencia, el expediente tendría que pasar a la jurisdicción penal y a los jueces municipales.
La iniciativa también plantea modificar el delito de estafa: reducir de $100,000 a $10,000 la cuantía patrimonial que activa una circunstancia agravante, cuya pena puede alcanzar entre cinco y diez años de prisión. En otras palabras, el proyecto intenta que el valor relativamente bajo de un segundo hecho no impida que el sistema penal entre en escena.
Tecnología
Para que esa regla pueda aplicarse, el proyecto apuesta por la tecnología. Propone una plataforma administrada por la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) que permita conectar a los jueces comunitarios con el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Seguridad Pública y consultar antecedentes correccionales.
La idea es que, cuando una persona vuelva a ser denunciada, el sistema permita saber si ya tuvo un caso anterior y determinar qué jurisdicción debe conocer el nuevo expediente. La propuesta ya fue prohijada por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales para su primer debate, después de un proceso de consultas con gremios, juristas y autoridades locales.
Para Palacios, “solo mediante acciones coordinadas será posible establecer una respuesta sólida al clamor social, proteger a la población y consolidar un entorno seguro, justo y respetuoso de los derechos de todos”.
El costo de los hurtos y robos también se mide en dinero. La más reciente Encuesta de Victimización del Sistema Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC), correspondiente a 2018, estimó en $85.8 millones las pérdidas económicas reportadas por los hogares y comercios panameños.
Una parte de esos hechos ni siquiera llega a las autoridades: víctimas que deciden no denunciar por desconfianza, trámites o porque consideran que el proceso no tendrá consecuencias. Esa cifra permite dimensionar el problema más allá del expediente judicial: son pérdidas que se acumulan en los bolsillos de ciudadanos y comercios y que, cuando no son denunciadas, quedan fuera de las estadísticas oficiales de criminalidad.
