Que diputados “gestionen” o “fiscalicen” el desarrollo de proyectos y programas en sus comunidades equivale a revivir las cuestionadas “partidas circuitales”, representa una “evidente usurpación” de funciones, vulnera la separación de poderes y desnaturaliza la labor legislativa.
Esas son algunas reacciones que ha generado una modificación al proyecto de reformas del Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI) de la Asamblea Nacional, para permitir que diputados asuman tareas de gestionar, impulsar y fiscalizar el desarrollo de programas e inversiones para el “mejoramiento de la calidad de vida” de sus electores. Esos proyectos van desde carreteras, puentes, alcantarillas y escuelas hasta instalaciones deportivas y turísticas y servicios de electrificación, entre otros.
Además, el proyecto de ley 594 dispone que se “garantizará una inversión mínima” en el presupuesto del Estado para la ejecución de los proyectos que gestionarán los diputados.
De planillas a obras
Rigoberto González, exprocurador de la Administración, opinó que no es competencia de la Asamblea Nacional elaborar y ejecutar proyectos de infraestructura pública o instalaciones deportivas, escolares o turísticas.
“Eso le corresponde al Órgano Ejecutivo y a los gobiernos locales”, dijo.
Para González, la propuesta implica resucitar las partidas circuitales. “Es exactamente lo mismo”, añadió.
Dichas partidas no eran más que fondos públicos asignados de forma discrecional a los diputados para supuestamente financiar obras en sus circuitos.
Lo preocupante, sostuvo el exprocurador, es que, además de los fondos que se les asignan a los diputados para nombrar a su personal —“que, además, no hace nada”—, ahora quieran ejecutar obras.
“La pregunta que yo me hago: ¿para qué están los representantes de corregimiento?”, dijo González.
Respetar la Constitución
El exdiputado y fundador de la Coalición Vamos, Juan Diego Vásquez coincide que el artículo —impulsado por el diputado Luis Eduardo Camacho, de Realizando Metas (RM) y aprobado en segundo debate por el pleno legislativo el pasado martes— “abre la puerta para revivir las partidas circuitales”.
“Si bien yo soy de aquellos que estuvo en su comunidad y que estuvo pendiente de las necesidades del circuito, no puede una ley ir por encima de lo que establece la Constitución. Y la Constitución establece tres funciones para el diputado. Y eso hay que respetarlo. Punto y final”, dijo.
Esas funciones constitucionales consisten principalmente en hacer leyes, aprobar los traslados de partida presupuestaria e iniciar procesos judiciales contra el presidente de la República, su vicepresidente y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
‘Evoca el peor mecanismo’
En esa misma línea se pronunció la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI), que advirtió que la iniciativa evoca “los peores mecanismos de uso discrecional de fondos públicos mediante las denominadas partidas discrecionales de la administración de 2009-2014”.
Dicha práctica fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), toda vez que la Constitución no otorga a los diputados funciones ni competencias administrativas propias de las autoridades locales.
“Al arrogarse el manejo directo de obras de infraestructura vial, agua potable y educación en las comunidades, la Asamblea incurre en una evidente usurpación de funciones que vulnera el principio de separación de poderes y debilita la gobernanza democrática”, sostuvo la organización.
Además, advirtió que equiparar “la presencia en la curul” con las actividades en los circuitos electorales y obligar a los diputados a tramitar obras representa “una flagrante violación a la Constitución” y un peligros retroceso institucional que “desnaturalizada la labor legislativa”.
‘Es inconstitucional’
Para Rodrigo Noriega, abogado y analista político, la propuesta es “obviamente inconstitucional”, pues ya la Corte se pronunció en el pasado sobre el tema.
“Esta propuesta es obviamente una apertura a más corrupción, a más clientelismo y a que se despilfarre el presupuesto del Estado”, aseguró.
Considera que los diputados “no tienen nada que hacer” con proyectos comunitarios, pues esa función no figura en la Constitución.
“Si usted abre la Constitución no va a encontrar por ninguna parte que los diputados pueden gestionar, administrar, facilitar, fomentar, pedir, intermediar proyectos, ni administrar fondos, así que el primer problema es que la propuesta es inconstitucional”, dijo.
Además, tal prerrogativa abre una oportunidad para la corrupción, porque obviamente si los diputados empiezan a manejar fondos, “no lo van a licitar de forma transparente y no lo van a usar para los fines más necesarios de la comunidad. Lo van a usar para sus fines”.
Todo ello implica, además, una enorme distorsión al presupuesto general del Estado, en momentos en que el país necesita que haya mesura y austeridad, pues “los diputados, gestionando proyectos, no van a tener límites”.
Recomendó que el proyecto sea devuelto a segundo debate, para que el artículo de marras sea eliminado.
Para Roberto Troncoso, de Unidos por la Democracia, es lamentable que los diputados hayan dejado por fuera temas claves como la eliminación de privilegios, el nepotismo y el descuento a diputados que se ausenten injustificadamente.
“Siento que es aquí donde hay un desfase, hay un resbalón. No aprueban lo que realmente todos estábamos esperando”, sostuvo.
Se pausa el debate
Este jueves, el pleno tenía previsto continuar con la discusión del proyecto del RORI en tercer debate, pero fue pospuesto para el lunes 10 de agosto.
Lo que imposibilitó la discusión es la ausencia de la mayoría de los diputados principales del bloque oficialista y de las bancadas del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Cambio Democrático (CD).
Por el momento, la bancada Vamos evalúa una propuesta para que el proyecto de reformas al RORI sea devuelto a segundo debate.
Luis Duke, de Vamos, dijo que con los cambios realizados en segundo debate “quedamos peor que antes”: una Asamblea menos transparente y con más privilegios.
