Además de las cuestionadas jubilaciones especiales, los altos mandos de los estamentos de seguridad —entre ellos comisionados, subcomisionados, mayores y capitanes— reciben beneficios adicionales que están bajo la lupa.
Uno de los más destacados son los gastos de representación, un privilegio que eleva el costo de la planilla del Ministerio de Seguridad Pública en momentos de austeridad, cuando la entidad enfrenta recortes en el presupuesto de 2026.
De una planilla total de 34 mil 817 funcionarios, 1,034 personas bajo el paraguas del Ministerio de Seguridad cobran gastos de representación además de sus salarios. Este año, la entidad destinó a ese renglón $10 millones, mientras que para el próximo solicitaba $13 millones. Se trata de un incremento del 30%.
Este aumento llamó la atención de diputadas como Janine Prado, de la coalición Vamos, quien en las recientes vistas presupuestarias ha reclamado un gasto más eficiente de los recursos públicos en un momento en que el país enfrenta una reducción del gasto estatal.
El monto de los gastos de representación varía según el rango. Por ejemplo, un capitán recibe $350 mensuales, un mayor $500, un subcomisionado $700 y un comisionado $750.
En total, según los reportes de la Contraloría, hay 260 comisionados y subcomisionados activos en los estamentos de seguridad del país. El resto de los más de mil beneficiados con este privilegio se concentran en los rangos de mayor y capitán.
La mayoría labora en la Policía Nacional, el Servicio Aeronaval y el Servicio Nacional de Fronteras. A este grupo se suman el ministro de Seguridad, Frank Ábrego ($3 mil 500), el viceministro Luis Icaza ($3 mil) y diez directores y subdirectores del ministerio.
El salario promedio de un subcomisionado asciende a $4 mil mensuales, mientras que un comisionado percibe poco más de $5 mil.
La planilla
Actualmente, las entidades bajo el mando del Ministerio de Seguridad cuentan con 34 mil 817 personas, de las cuales 3 mil 416 son personal civil no juramentado y 31 mil 401 corresponden a estamentos uniformados.
Uno de los temas discutidos durante la presentación de las vistas presupuestarias en la Asamblea Nacional fue el renglón 001 de personal fijo. El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, explicó que la solicitud de un incremento cercano a los $40 millones responde a la incorporación proyectada de nuevas unidades: mil en 2026, mil en 2027 y mil más en 2028. Este plan busca compensar las jubilaciones anuales, que rondan las 800, y reforzar áreas críticas donde la delincuencia presenta mayor incidencia.
“Buscamos un relevo natural del personal, pero también incrementar en unas 200 unidades adicionales cada año para atender los mapas de calor de la criminalidad”, señaló el ministro, justificando la necesidad de ampliar la fuerza pública sin descuidar la cobertura nacional.
El debate también abordó el pago de sobresueldos. Ábrego aclaró que estos se destinan principalmente al cumplimiento de leyes especiales que obligan a desembolsos en fechas específicas. La asignación recomendada fue de $80.7 millones.
En lo referente a los gastos de representación, el ministro explicó que estos se pagan a partir del rango de capitán hacia arriba, así como a directores y subdirectores de dependencias. La partida había solicitado un incremento de $10 a $13 millones, aunque señaló que le recomendaron $7.8 millones, lo que los obligará a pedir créditos o traslados.
Primas de antigüedad
Otro punto de discusión fue la deuda acumulada en primas de antigüedad desde 2014 y las vigencias expiradas que han debido ser canceladas con traslados de partida. Diputados expresaron preocupación por la continuidad de estos arrastres y la falta de previsión financiera, que mantiene al ministerio en una situación de dependencia constante de ajustes presupuestarios.
Sobre las gratificaciones y aguinaldos, se aclaró que el renglón 081 contempla pagos principalmente en el Servicio Nacional de Migración, donde a final de año se otorgan compensaciones ligadas a fechas especiales como cumpleaños y desempeño anual.
Finalmente, el ministro y su equipo abordaron el gasto en seguros. La póliza colectiva de salud y vida para 35 mil unidades —incluyendo al Sistema de Protección Institucional (SPI)— representa un compromiso financiero a cinco años por $122.5 millones.
