El Consejo de Gabinete aprobó la tarde de este martes 15 de septiembre un proyecto para modificar la Ley 93 del 19 de septiembre de 2019, que crea el Régimen de Asociación Público-Privada (APP).
Según el Gabinete, la propuesta tiene como objetivo ampliar el desarrollo de obras como incentivo a la inversión privada, al desarrollo social y a la creación de empleos.
A través de un comunicado, Presidencia recordó que desde su aprobación en 2019, el país dispuso de un marco regulatorio propio para desarrollar proyectos mediante esta modalidad de amplia aplicación internacional. Sin embargo, transcurridos más de seis años y, con un “balance claramente positivo”, se ha recomendado revisar su funcionamiento, evaluar los resultados e identificar los ajustes necesarios para que el sistema opere con mayor eficiencia.
Se detalla que ese estudio muestra que la aplicación práctica del régimen “ha permitido observar que determinadas etapas resultan más extensas de lo necesario, que ciertos trámites pueden simplificarse sin menoscabo de las garantías y controles previstos, y que el marco vigente admite perfeccionamientos que faciliten una mayor y mejor participación del sector privado”.
Según la propuesta, no se trata de sustituir el modelo adoptado en 2019, sino adaptarlo a la realidad y a aquellos aspectos en que la experiencia nacional e internacional ha demostrado que puede mejorar, entre ellos ampliar y agilizar la provisión de infraestructuras y servicios de calidad. También busca fortalecer los roles asignados dentro de la arquitectura institucional del sistema, dotando de mayor agilidad a los ciclos de origen, estructuración y licitación de proyectos.
“Además, promover una participación más activa y eficiente del sector privado; movilizar inversión privada y reducir el costo total de los proyectos para el Estado y los usuarios, mediante un diseño regulatorio que incentive dicha inversión y promueva la competencia; y elevar los estándares de rigor técnico, disciplina fiscal, transparencia y control, para asegurar que cada proyecto responda a una necesidad real y entregue valor por el dinero público comprometido”, señala.
Esta reforma, indica el documento, permitirá estructurar y ejecutar un mayor número de proyectos, en menos tiempo y con un financiamiento más eficiente.
“Ese efecto se proyectará sobre la vida concreta de la población: obras y servicios que llegan antes y a menor costo, empleo en su construcción y operación, así como en las actividades económicas que se dinamicen a su alrededor”, añade.
Representantes de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá , la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) y de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac) participaron del Consejo de Gabinete.
