La degradación de las democracias, el acoso judicial contra periodistas y la desinformación impulsada principalmente desde las redes sociales forman parte de un conjunto de amenazas que ponen en riesgo la libertad de expresión.
Así lo advirtió este lunes Catalina Botero, exrelatora especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Durante el foro “Democracia y Libertad de Expresión frente a nuevas amenazas”, realizado en la Universidad Santa María la Antigua (Usma), Botero sostuvo que los problemas que históricamente han afectado al ejercicio periodístico —como la violencia, la estigmatización, el uso de la publicidad oficial y el acoso judicial— ahora están articulados a un fenómeno mayor: la degradación democrática.
“Lo que ha pasado a partir del 2010 es que esas tres cosas, elecciones libres y competitivas, un gobierno destinado a proteger la mayor cantidad de derechos de la mayor cantidad de personas, con frenos y contrapesos para proteger derechos básicos de las minorías, ha venido en un declive brutal”, afirmó.
Según Botero, el primer sacrificado en estos procesos ha sido la prensa. Explicó que los dos síntomas iniciales de cualquier proyecto autoritario son la estigmatización y los ataques contra los medios y periodistas, junto con el intento de capturar el Poder Judicial.
“Son los dos síntomas clásicos”, dijo.
La exrelatora y especialista en derecho constitucional explicó que, a diferencia de los golpes de Estado tradicionales, la degradación democrática contemporánea puede producirse mediante gobiernos elegidos en las urnas y respaldados inicialmente por amplios sectores de la población.
“No son golpes de Estado de una minoría o de un grupo armado que va y se toma por asalto el poder. Son personas electas, aplaudidas por la mayoría de la población, que empiezan a tomar medidas que conducen necesariamente a dos fenómenos: el autoritarismo y la corrupción”, señaló.
Para Botero, cuando un gobierno logra controlar las instituciones encargadas de ejercer contrapesos y silenciar a la prensa, la democracia deja de funcionar como tal.
Mencionó a Cuba, Venezuela, Nicaragua y El Salvador como países que, bajo su definición, actualmente pueden ser considerados dictaduras debido al control de las ramas del poder público, la falta de independencia judicial y las restricciones a libertades como la prensa, asociación, reunión y protesta.
Acoso judicial, mecanismo de censura
Uno de los principales temas de preocupación planteados por Botero durante el conversatorio fue el uso de demandas y procesos judiciales para intimidar a periodistas que investigan casos de corrupción.
Explicó que una organización pública o privada interesada en frenar una investigación puede recurrir a abogados para presentar demandas que, aunque no necesariamente tengan sustento, terminan generando un elevado costo económico y emocional para el reportero.
“Defenderse de un litigio estratégico que tiene la vocación de asustar, cuando además hay temor sobre la independencia del poder judicial, tiene un costo anímico altísimo y por supuesto que eso genera autocensura”, afirmó.
Botero puso como ejemplo el caso del periodista peruano Gustavo Gorriti, a quien, según explicó, se le ha perseguido judicialmente por investigaciones relacionadas con el caso Odebrecht.
El pasado 12 de junio, el Congreso de Perú aprobó un informe que recomendó presentar denuncias penales contra Gorriti, fiscales y otros funcionarios vinculados al acuerdo de colaboración eficaz suscrito con la constructora brasileña Odebrecht. El documento atribuye al periodista presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia.
Botero también cuestionó que en algunos países se llegue a considerar lavado de activos que un medio independiente reciba financiamiento internacional para ejercer su labor, o cohecho que un periodista reciba información de funcionarios públicos y publique investigaciones sobre corrupción.
“Eso acaba con el periodismo de investigación”, advirtió.
La exrelatora también alertó sobre el riesgo de criminalizar una práctica básica del periodismo: buscar la versión de la persona señalada en una investigación antes de publicar.
“¿Cuál es el delito por el cual acusan a los periodistas? ¡Chantaje! Extorsión. O sea, entonces, ¡es absurdo!”, exclamó.
Redes sociales, bots y desinformación
A las amenazas tradicionales se suman ahora las nuevas tecnologías, la desinformación y la competencia de contenidos que hasta ahora no cumplen con los estándares del periodismo.
Botero señaló que en algunos países los gobiernos utilizan ejércitos de cuentas, bots y otras herramientas digitales para estigmatizar a periodistas y medios de comunicación tradicionales, particularmente a aquellos que realizan investigaciones críticas.
Estas campañas, sostuvo, pueden combinarse con amenazas físicas, procesos judiciales y esfuerzos para controlar las instituciones encargadas de investigar esos ataques.
De acuerdo con la exrelatora, estos fenómenos ya no pueden analizarse de manera aislada. La violencia contra periodistas, el acoso judicial, el uso de la publicidad oficial, la desinformación y los ataques digitales forman parte de un mismo escenario de deterioro institucional.
‘Lo que se viene no es bonito’
Botero también destacó el papel que juegan los jueces, fiscales, periodistas y organizaciones de la sociedad civil para contener los avances autoritarios.
A su juicio, algunos países —sobre todo en Europa— han logrado revertir procesos de regresión democrática cuando no se ha conseguido controlar los sistemas electorales y cuando han existido jueces y periodistas dispuestos a resistir las presiones.
“Mientras haya personas que quieran defender los derechos de otras personas y no se dejen intimidar, resistimos más fácil a esas tentaciones autoritarias”, manifestó.
En el caso de los periodistas, citó como ejemplo al medio salvadoreño El Faro, al que consideró una muestra de resistencia frente a los procesos de degradación democrática. En El Salvador, Nayib Bukele busca un tercer mandato como presidente.
Botero destacó que Panamá mantiene, según su apreciación, elementos que permiten preservar la esperanza frente a estas amenazas, como la independencia del poder judicial, el pensamiento crítico y una sociedad civil activa.
Por ello, consideró fundamental discutir estos asuntos en el país. “Yo sí creo que hay que advertir que lo que se viene no es bonito y que lo que tenemos que hacer es tratar de resistir”, sostuvo.
Al foro asistieron, entre otras figuras, los diputados Ernesto Cedeño y Grace Hernández, del Movimiento Otro Camino (Moca); el exprocurador de la Administración Rigoberto González; la exprocuradora de la Nación y exdiputada Ana Matilde Gómez; el coordinador de la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales, Miguel Antonio Bernal; y Olga De Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación Libertad Ciudadana.
El evento fue organizado por el Consejo Nacional de Periodismo y el Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información.
