El diputado Ernesto Cedeño demandó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la Ley 563, que dicta el presupuesto general del Estado para 2027, cuatro días después de su publicación en la Gaceta Oficial 30647.
Cedeño, abogado de profesión, pide al pleno de la Corte que declare inconstitucionales siete artículos de la ley. Según él, violan los artículos 2, 19, 214 y 266 de la Constitución.
El presupuesto de la justicia
Cuatro de esos artículos fijan el presupuesto de la justicia. El 29 aprueba el del Órgano Judicial, el 30 el del Ministerio Público, el 31 el de la Procuraduría General de la Nación y el 32 el de la Procuraduría de la Administración. La demanda también ataca los artículos 7 y 8, que aprueban los gastos corrientes y de capital del Gobierno Central, pero solo en las partidas del Órgano Judicial y del Ministerio Público.
El séptimo es el polémico artículo 370, sobre contrataciones públicas. Esa norma permite que el Metro de Panamá, el Idaan, Etesa, la Autoridad de Aseo, el Aeropuerto de Tocumen y los ministerios de Educación, Obras Públicas y Gobierno contraten servicios técnicos, repuestos y equipos sin aplicar la Ley de Contrataciones Públicas. La excepción se aplicará en casos fortuitos o urgentes o de interés público, y para compras de menos de un millón de dólares.
El presidente José Raúl Mulino sancionó la ley de presupuesto, que suma $35,111 millones, el pasado 2 de noviembre.
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