Los magistrados del Tribunal Electoral, Alfredo Juncá, Luis Guerra y Narciso Arellano, ahora reciben salarios y gastos de representación idénticos a los de sus pares en la Corte Suprema de Justicia (CSJ): 14 mil dólares mensuales.
Esta equiparación salarial se produce en un contexto de cuestionamientos sobre la austeridad y el uso de recursos públicos. Anteriormente, estos magistrados percibían un salario de 6 mil dólares mensuales y 4 mil dólares en gastos de representación. No obstante, ahora el salario base será de 10 mil dólares mensuales, más 4 mil dólares en gastos de representación, lo que supone un incremento total de 4 mil dólares.
Este ajuste salarial ocurre luego de que, a principios de año, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia también aumentaron sus ingresos en 4 mil dólares, quedando igualmente en 14 mil dólares.
De hecho, los críticos de la medida pronosticaron en su momento que esto podría generar un efecto cascada, ya que otros funcionarios, por ley, podrían hacer el mismo reclamo, es decir, ganar lo mismo que los magistrados del Órgano Judicial. Tal parece que así ocurrió con este nuevo caso del Tribunal Electoral.
Hasta el momento, ninguno de los magistrados del Tribunal Electoral se ha pronunciado al respecto, ni tampoco lo ha hecho la propia entidad. Tampoco se ha pronunciado el contralor, Anel Flores, pese a que este medio le consultó en dos ocasiones si el aumento se había hecho efectivo. Incluso, Flores se mostró enérgico contra el aumento de los magistrados de la Corte Suprema en su momento.
Sin embargo, en el sitio web de la Contraloría General de la República ya se puede apreciar el nuevo salario de los magistrados del Tribunal Electoral.
Las normas
Al menos ocho funcionarios tendrían argumentos legales para reclamar ajustes similares, siguiendo el precedente establecido por la CSJ a principios de año. Este escenario plantea una posible escalada de incrementos salariales dentro del sector público, en un contexto en el que las finanzas estatales enfrentan presiones y la sostenibilidad fiscal se ha convertido en una preocupación central.
Además de los magistrados del Tribunal Electoral, entre los posibles beneficiados estarían el procurador de la Nación, el procurador de la Administración y magistrados del Tribunal de Cuentas, así como otros funcionarios que podrían reclamar incrementos salariales bajo el mismo argumento.
Por ejemplo, el Código Judicial, en su artículo 411, indica que el procurador general de la Nación y el procurador de la Administración tendrán la misma categoría, remuneración, garantías, prerrogativas y restricciones que los magistrados de la CSJ.
A esto se suma que el Código Electoral, en su artículo 577, establece que los magistrados principales del Tribunal Electoral tienen los mismos privilegios y prerrogativas reconocidas a los magistrados de la CSJ y a los ministros de Estado. En ningún caso, sus sueldos y emolumentos podrán ser inferiores a los de dichos servidores.
Asimismo, los magistrados del Tribunal de Cuentas gozan de los “mismos derechos, emolumentos y prerrogativas reconocidos a los magistrados de la Corte”.
Los cuestionamientos
Uno de los que se ha pronunciado sobre el tema es el diputado del partido Movimiento Otro Camino y abogado Ernesto Cedeño, quien advirtió sobre las posibles repercusiones del aumento a los magistrados en otras instancias del poder judicial y el Ejecutivo.
En palabras del diputado, magistrados del Tribunal Superior, que actualmente perciben un salario y gastos de representación de 7 mil dólares, podrían exigir ajustes similares bajo el argumento de equidad con los magistrados de la Corte, cuyo salario y gastos de representación ascienden ahora a 14 mil dólares.
Incluso, mencionó que los ministros podrían sumarse a esta tendencia, lo que, a su juicio, ha desatado una “ola de ambición” dentro del aparato estatal, en un momento en el que el país enfrenta dificultades económicas.
Y aunque el ajuste a los magistrados del Tribunal Electoral representa un costo adicional de 144 mil dólares anuales para el Estado, la principal crítica surge por el momento en que se implementa. Diputados y organismos de la sociedad civil han mencionado que este tipo de aumentos, en un contexto de dificultades económicas y necesidad de contención del gasto, envían un mensaje contradictorio.
