Hoy sábado 18 de febrero, entra en vigencia la Ley 316 del 18 de agosto de 2022, sobre conflicto de interés en la administración pública.
Con la nueva norma, los funcionarios de alta jerarquía estarán obligados a declarar sus actividades remuneradas o no, de tipo profesional, laboral, económica, gremial, personal o de beneficencia. También deben precisar si reciben beneficios de concesiones estatales o contrataciones públicas, o si es proveedor del Gobierno. Además, están obligados a comunicar si han recibido regalos en el último año, que provengan de personas o empresas no vinculadas a su familia.
En atención a estos aspectos, en enero pasado, la Presidencia de la República emitió el Decreto 17 que adopta el formulario de declaración jurada de intereses particulares, la columna vertebral de la nueva ley. Esa declaración deberá ser gestionada por los denominados “sujetos obligados”: ministros y viceministros; los procuradores; el contralor y subcontralor general de República; los jefes de misiones diplomáticas; el defensor del Pueblo; los superintendentes de Bancos, de Seguros y de Valores; los miembros de juntas directivas de empresas del Estado; los alcaldes, vicealcaldes y representantes de corregimiento; los gobernadores; los diputados de la Asamblea, y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Le corresponderá a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) velar por el cumplimiento de la nueva norma.
Esta iniciativa fue impulsada por el diputado independiente Gabriel Silva.
