La Fiscalía Anticorrupción se trasladó este viernes hasta las oficinas administrativas de la Caja de Seguro Social (CSS), ubicadas en el área de Clayton, corregimiento de Ancón, tras recibir dos denuncias formales presentadas por la propia entidad.
Según fuentes del Ministerio Público, las querellas están relacionadas con un presunto traslado irregular de fondos de la CSS hacia el Gobierno Central, una maniobra que podría implicar violaciones al marco legal que rige la autonomía de la institución.
También se investiga la transferencia de fondos de programas de la CSS al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), hecho que, de confirmarse, representaría una violación a la normativa que regula la entidad.
Ante esta situación, la Fiscalía Anticorrupción ha iniciado la recopilación de documentos y la realización de entrevistas con funcionarios para determinar si existió responsabilidad administrativa o penal. De hecho, la CSS confirmó a este medio que ha cooperado con las diligencias.
Las denuncias
Todo esto ocurre un día después de que la CSS presentara tres denuncias por la posible comisión de delitos contra la administración pública. La más grave involucra a la pasada administración de la entidad (2019-2024), liderada por Enrique Lau Cortés, por el presunto traslado ilegal de recursos hacia el Gobierno Central.
Según el director legal de la CSS, Franklin Castrejón, se detectó un movimiento de fondos cercano a los 400 millones de dólares entre 2023 y los primeros meses de 2024, cuando Lau Cortés dirigía la institución. Aunque evitó precisar de qué programas específicos provenían los fondos, alegó que esa información se encuentra bajo reserva y será revelada “en su momento” al país.
Castrejón subrayó que la operación carecía de sustento legal, ya que tanto la Ley 51 como la actual Ley 462 prohíben expresamente cualquier desvío de fondos entre la CSS y otras entidades del Estado. “Eso constituye un delito contra la administración pública en varias modalidades”, afirmó el funcionario, al tiempo que explicó que corresponderá al Ministerio Público determinar las responsabilidades penales.
De los 400 millones de dólares, 300 millones fueron entregados al Gobierno Central en 2023 y los 100 millones restantes en 2024. Estos traspasos eran consignados como un préstamo o adelanto que debía ser reembolsado a la CSS en un plazo de 30 días, lo cual nunca ocurrió. Se pudo conocer que las órdenes directas para ejecutar estos movimientos provenían, supuestamente, del despacho de Lau Cortés.
Otras denuncias
También se presentó otra denuncia relacionada con la asignación de 2,000 millones de dólares al programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) entre los años 2010 y 2023, para cubrir faltantes y asegurar el pago a jubilados. La CSS opera bajo un régimen de responsabilidad individual, lo que significa que cada programa debe financiarse con los aportes de los asegurados y empleadores vinculados a ese sistema. Es decir, no se pueden transferir recursos de un programa a otro.
Además, otra querella fue presentada por la retención ilegal del pago de cuotas obrero-patronales. Castrejón detalló que la actual administración de la CSS encontró, en octubre, alrededor de 7,000 expedientes pendientes.
“Son diferentes empresas privadas, y tenemos aproximadamente 120 municipios y alcaldías que también están morosos, con una deuda aproximada de 21 millones de dólares. A la fecha, hemos presentado 350 querellas contra empresarios por un monto cercano a 8.5 millones de dólares”, afirmó.
El director de Asesoría Legal no especificó los nombres de las personas contra quienes se presentaron las denuncias, indicando que esa responsabilidad le corresponde al Ministerio Público tras las investigaciones pertinentes.
