Las empresas públicas de Panamá, al igual que las dependencias de los tres órganos del Estado, las instituciones descentralizadas, autónomas y los gobiernos locales, entre otras, estarían obligadas a publicar información referente a sus contratos por servicios profesionales, licitaciones, consultorías, entre otros.
Así lo establece una propuesta legislativa aceptada este martes 8 de octubre por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional. La iniciativa, que modifica la Ley 6 de 2002 de transparencia, será debatida en primer debate en los próximos días.
En la lista de las empresas públicas del Estado están: la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A., la Empresa Nacional de Autopistas S.A., el Metro de Panamá S.A., el Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A., la Agencia Panamá Pacífico, los Bingos Nacionales y la Empresa de Generación Eléctrica.
Expone a los contratistas que no cumplen
El proyecto de ley, presentado por el diputado independiente Betserai Richards, también obliga a las instituciones a informar a quien lo solicite sobre los beneficiarios de subsidios o auxilios económicos.
Además, exige transparentar la lista de contratistas que incumplan contratos, conforme a lo dispuesto en la Ley 22 de 2006 que regula las contrataciones públicas. “Las instituciones tomarán las previsiones necesarias para que los beneficiarios y contratistas, previo a su acceso a los fondos públicos, sean informados de que dicha información es de carácter público y deberá ser publicada conforme a la ley”, se lee en el documento.
El proyecto también exhorta a las instituciones públicas a publicar en sus páginas web la contratación de consultores y servicios profesionales; pagos por consultorías y servicios profesionales; contratos de asociación público-privada; pagos realizados por actos públicos adjudicados; así como adendas y modificaciones; becas, subsidios, auxilios económicos, ayudas o apoyos de cualquier tipo que sean financiados total o parcialmente con recursos públicos.
“Todo lo relacionado con fondos públicos, salvo temas de seguridad nacional, debe ser publicado”, dijo el diputado proponente.
Las inquietudes
El proyecto también sanciona a los funcionarios que no entreguen la información pública en tiempo oportuno y establece que los datos deben presentarse en un formato abierto.
Después de escuchar la exposición de Betserai Richards, los nueve diputados miembros de la Comisión de Gobierno votaron a favor de prohijar la propuesta. No obstante, antes de dar este paso, dos diputados del partido oficialista Realizando Metas (RM) manifestaron sus inquietudes.
Luis Eduardo Camacho, presidente de la comisión, cuestionó la publicación de la lista de contratistas que incumplen, calificando este aspecto de “injusto”. “Creo en la transparencia, pero no en el exceso de transparencia”, añadió.
Por su parte, su colega y copartidario Ariel Vallarino preguntó a Richards si había consultado a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y al Ministerio de Economía y Finanzas.
También señaló que le llamó la atención el aspecto que dispone que los funcionarios que no cumplan con la entrega de información serán sancionados. Además, advirtió que se debe considerar el gasto que las instituciones tendrían que hacer en tecnología.
Más iniciativas
La Comisión de Gobierno también prohijó otros proyectos. Entre ellos, el que pretende reforzar la protección a quien denuncie actos de corrupción en el sector público.
Esta iniciativa de ley es impulsada por el diputado independiente Jorge Bloise.
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