María Eugenia Pérez de Preciado, la designada fiscal general electoral, tiene una hoja de vida que muestra una larga trayectoria en la justicia electoral.
Pero hay un detalle que no pasó desapercibido en medio de su paso por la Comisión de Credenciales, el organismo de la Asamblea Nacional que recomendó al pleno legislativo su ratificación en el cargo, y que no guarda relación con su trayectoria académica o profesional: su cercanía al presidente de la República, José Raúl Mulino.
“El señor presidente es mi vecino”, respondió cuando el diputado Augusto Tuto Palacios le preguntó si tenía algún grado de afinidad o de consanguinidad con alguien del Ejecutivo.
Acto seguido, aseguró que esa relación no comprometería su imparcialidad en la toma de decisiones.
“Mi compromiso con la nación es tener una fiscalía imparcial, objetiva, efectiva. No importa a quién involucre una investigación (...). No soy de las personas que se desvía por nada”, respondió Pérez cuando la diputada Patsy Lee le preguntó cómo haría para garantizar la independencia de una investigación, dado que el Ejecutivo primero la nombró suplente del magistrado del Tribunal Electoral (TE), Narciso Arellano, y ahora la coloca en la Fiscalía General Electoral (FGE).
Pérez llega al cargo en medio del debate por las reglas del próximo proceso electoral. La Asamblea discutirá durante los próximos días el proyecto de ley 699 que reforma el Código Electoral, en un escenario en el que los partidos políticos empujan ventajas para los comicios generales de 2029.
Varela la había designado
Pérez de Preciado estuvo a punto de llegar a la FGE.
Juan Carlos Varela, presidente de la República entre 2014-2019, la nominó para reemplazar a Eduardo Peñaloza. Pero la Asamblea nunca la ratificó.
Este tema también gravitó en la Comisión de Credenciales durante la noche del pasado martes 1 de septiembre. Benicio Robinson, diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), le preguntó si tenía “su corazoncito violentado” porque aquella vez el Legislativo nunca la llamó para el proceso de ratificación.
Ella negó que eso le afectara. Reconoció que su designación, en ese momento, se produjo a pocos meses de las elecciones de 2019 y cuando estaba por terminar la gestión de Varela, que, por desgaste y peleas internas, tenía poca influencia en la Asamblea. Ella lo sabía, pero contó que “no iba a decirle no a la patria”
“Yo me enteré por los periódicos que fue nombrado el doctor [Dilio] Arcia”, contó después. A Arcia lo designó Laurentino Cortizo, quien reemplazó a Varela en julio de 2019. En agosto de ese año, el nombramiento de Arcia ya estaba en la Asamblea y fue ratificado sin mayor cuestionamiento.
Y precisamente ahora ella reemplazará a Arcia, un PRD de tuerca y tornillo, que falleció en septiembre de 2025.
Varela celebró la escogencia de Pérez.
Una excelente profesional con una trayectoria en la vida pública y experiencia en el tribunal electoral, fue designada durante nuestra administración en el 2019 como fiscal electoral y rechazada por la asamblea al igual que otras excelentes designaciones en la directiva del Canal https://t.co/JSzsmRQPNQ
— Juan Carlos Varela (@JC_Varela) September 2, 2026
Pero Robinson también le preguntó a la elegida “si es verdad que ella no gusta de los perredés”.
Pérez lo negó. Afirmó que no era una perseguidora. El diputado Raphael Buchanan, también del PRD, insistió con este tema. Aseguró que la FGE es una entidad que se ha usado para “perseguir” a detractores políticos “de X o Y” gobierno y preguntó si su despacho se prestaría para eso.
“No rotundo”, manifestó la fiscal designada.
La entidad que recibe
Para conocedores de los temas electorales, la FGE es actualmente una entidad casi en la sombra. Su bajo perfil público contrasta con las atribuciones que le da la Constitución: puede investigar y perseguir delitos electorales por iniciativa propia, sin esperar una denuncia.
Pero históricamente ha sido señalada como una fiscalía con poca independencia, atada a cuotas políticas y con pocos casos de alto perfil resueltos.
La Fiscalía General Electoral fue creada por el Decreto de Gabinete N.° 2 de 1972 y está consagrada en el artículo 144 de la Constitución. Su mandato es salvaguardar los derechos políticos de los ciudadanos, vigilar la conducta de los funcionarios en materia electoral y perseguir los delitos y las contravenciones electorales.
Debe actuar de oficio, sin necesidad de que medie una denuncia previa, y con las mismas facultades de instrucción que un fiscal del Ministerio Público. Opera de forma coordinada con el Tribunal Electoral y cuenta con fiscalías electorales en las provincias.
Con Pérez en la FGE, queda ahora por conocer quién será el suplente del magistrado Arellano. El Ejecutivo no ha dado pistas al respecto.
