Esta semana, los alcaldes de algunos de los municipios más importantes del país —Diógenes Galván, de Colón; Mayer Mizrachi, de Panamá; e Irma Hernández, de San Miguelito— reavivaron el debate sobre la distribución de los fondos municipales.
Los jefes municipales cuestionan los retrasos y las inconsistencias en las transferencias de recursos por parte del Gobierno Central, advirtiendo que la falta de liquidez compromete la ejecución de proyectos comunitarios y el funcionamiento de programas esenciales en sus distritos.
Por un lado, Galván pidió que el Gobierno Central cumpla con la Ley 32 de 1997, la cual dispone que los ingresos obtenidos por el impuesto de bienes inmuebles en el distrito de Colón deben transferirse íntegramente al presupuesto de inversiones del municipio.
El Concejo de Panamá respalda el llamado del alcalde Distrital para garantizar el manejo legal y descentralizado del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) pic.twitter.com/KfxPboride
— Consejo Municipal Pa (@MunicipalPa) November 8, 2025
Por su parte, Mizrachi se refirió a la Ley 66 de 2015, que reforma la normativa sobre descentralización y establece que los municipios deben recibir los recursos provenientes de la recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) correspondiente al año inmediatamente anterior, incluyendo multas y recargos, lo cual —según denunció— no se está cumpliendo a cabalidad.
“Esos impuestos que los ciudadanos ya pagan [IBI] no están llegando a los municipios, ni al de Colón ni al de Panamá. La ley dice que esos fondos deben ser transferidos en su totalidad”, dijo Mizrachi durante un acto público en el corregimiento de Don Bosco, resaltando que los gobiernos locales son el primer contacto con las comunidades.
En medio del debate, la alcaldesa de San Miguelito también publicó en sus redes sociales su discurso ante la Asamblea Nacional, en el cual planteó que los municipios y juntas comunales son los primeros en dar respuesta a la población y cuestionó el centralismo en el manejo de los fondos públicos.
“Somos un país desigual porque centramos el poder”, expresó entonces, recordando sus palabras casi un año después.
La realidad
Pero más allá de los discursos de Galván, Mizrachi y Hernández, surge la pregunta: ¿cuál es la realidad con los fondos del impuesto de bienes inmuebles que debe transferir el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) cada año a los municipios y juntas comunales a través de la Autoridad Nacional de Descentralización?
Durante las vistas presupuestarias en la Asamblea Nacional, la directora de la Autoridad Nacional de Descentralización, Roxana Méndez, presentó un cuadro estadístico que compara lo recibido por año con lo recaudado en concepto del impuesto de bienes inmuebles.
Entre 2021 y 2026, el Estado panameño recaudó 1,107 millones de dólares en concepto del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), pero solo transfirió 618 millones a los municipios, según cifras oficiales discutidas en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.
Esto representa una diferencia de 489 millones que no fueron canalizados a los gobiernos locales, pese a que el artículo 40 de la Ley 66 de 2015 establece que las asignaciones deben corresponder al total recaudado el año anterior.
Por ejemplo, en 2024 se recaudaron 201.2 millones de dólares, pero el MEF solo asignó 70 millones, lo que representa apenas el 35% de los ingresos generados. En los años siguientes la situación muestra leves mejorías, aunque persiste una diferencia sustancial: en 2026 se proyecta una recaudación de 196.4 millones, frente a una asignación de 83.1 millones, equivalente al 42% del total.
Esta tendencia, que se repite desde 2021, ha generado cuestionamientos sobre el cumplimiento del artículo 40 de la Ley 66 de 2015, que obliga al Estado a transferir a los municipios los recursos provenientes del IBI del año anterior.
Diputados como Neftalí Zamora, de la coalición Vamos —quien también integra la Comisión de Asuntos Municipales—, señalan que la práctica del MEF de basar las asignaciones en estimaciones conservadoras, en lugar de en las recaudaciones reales, limita la capacidad de los gobiernos locales para ejecutar obras y programas comunitarios.
“La ley es clara: los fondos recaudados deben llegar completos a los municipios. Lo contrario es debilitar la descentralización”, advirtió Zamora, quien insistió en que no se trata de dinero para las alcaldías, sino de recursos destinados a proyectos de participación ciudadana que hoy no se están ejecutando correctamente.
Las explicaciones del MEF
Durante el debate en la Comisión de Presupuesto, Valery González, en representación del MEF, defendió el procedimiento utilizado y ofreció algunas explicaciones. “La recomendación del monto del IBI se hace a principios de cada año, antes de que se cierre el ejercicio fiscal anterior, por lo que solo podemos trabajar con estimaciones”, explicó.
Agregó que, en 2023, durante el pasado gobierno, la recaudación tributaria cayó debido a una cartera morosa superior a 830 millones de dólares, lo que obligó al Gobierno a adoptar medidas transitorias para recuperar ingresos.
Entre esas medidas, González recordó la aprobación de la Ley 401 de octubre de 2023, que permitió cobrar por adelantado los impuestos correspondientes a los periodos fiscales 2024 y 2025. “Esa norma fue una estrategia para mejorar la recaudación, pero nos obligó a mantener una proyección conservadora en el presupuesto de 2024”, afirmó. El monto estimado fue de 70 millones de dólares, una cifra 60 % menor a lo recaudado el año anterior.
Desde el MEF, González reconoció la deuda existente con los municipios, aunque pidió paciencia. “No desconocemos los fondos que se deben. Estamos esperando que las estrategias de recobro de impuestos nos permitan subsanar esa diferencia”, aseguró.
Explicó además que el MEF busca “manejar el presupuesto de manera responsable y alineada con los ingresos reales del Estado”.
