El pulso geopolítico entre Estados Unidos (EUA) y China, que inicialmente se concentró en Panamá con énfasis en el Canal y los puertos ubicados en el Pacífico y el Atlántico, ha comenzado a trasladarse a los gobiernos locales, específicamente a los municipios.
Esta semana, el Concejo de Panamá aprobó un nuevo acuerdo municipal que establece que las compras de tecnología —tanto software como hardware— solo se realizarán a empresas cuya casa matriz esté ubicada en países que formen parte del Convenio sobre la Ciberdelincuencia de Budapest, adoptado en 2001.
El Convenio sobre la Ciberdelincuencia, suscrito en Budapest, es el primer tratado internacional que busca armonizar las leyes de los países para combatir los delitos informáticos y proteger la integridad de las redes. En el caso de Panamá, el país es signatario del convenio desde 2013.
Panama es la primera ciudad de Latinoamérica que acoje el Convenio de Budapest sobre la Ciberdelincuencia de 2001
— Mayer Mizrachi (@Mayer) April 30, 2025
Gracias a mi querido concejo municipal por apoyar esta iniciativa. https://t.co/qR75Zft79A
Para el representante de Juan Díaz, David Bernal, y el analista político José Eugenio Stoute, países como China, India y Rusia no podrían participar en actos públicos de compra de tecnología convocados por el Municipio de Panamá porque no han ratificado este acuerdo internacional. En cambio, sí podrían hacerlo otras regiones como Estados Unidos, la mayoría de los países miembros de la Unión Europea, Japón y el Reino Unido.
Según el Municipio, la medida busca blindar las adquisiciones tecnológicas frente a potenciales riesgos de seguridad digital y alinear las políticas públicas con los estándares internacionales en materia de ciberseguridad.
Otros municipios
Además del Municipio de Panamá, este medio pudo conocer que en otros municipios del país también se conversa sobre el Convenio de Budapest.
Stoute subraya que Estados Unidos ha utilizado el argumento de una supuesta —y falsa— penetración de la República Popular China en el país para justificar presiones geopolíticas que afectan directamente los intereses nacionales.
“Esa situación tiene consecuencias, como el rechazo de donaciones chinas, la restricción del comercio con ese gran mercado o la negativa a adquirir tecnología de China”, señaló. En su opinión, estas tensiones ya impactan a municipios panameños, donde la influencia del pulso entre potencias comienza a sentirse con mayor intensidad.
Caso Costa Rica
Pero Panamá no es el único país de la región donde se ha aplicado el Convenio de Budapest como requisito en procesos de licitación o adquisición pública. En 2023, Costa Rica enfrentó una situación similar, cuando la adopción de este tratado internacional —orientado a establecer estándares en ciberseguridad— fue utilizada como criterio en una contratación estatal.
Ese año, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, implementó una medida que excluyó a empresas chinas, como Huawei, del desarrollo de redes 5G en el país. El decreto ejecutivo N.º 44196-MSP-MICITT, emitido en agosto, establece que solo podrán participar en estos proyectos empresas de países que hayan suscrito el Convenio de Budapest sobre ciberseguridad y lucha contra la ciberdelincuencia, del cual China no es signatario.
El presidente Chaves argumentó que esta decisión busca garantizar la seguridad cibernética de Costa Rica, protegiendo las infraestructuras críticas del país. A pesar de las críticas y presiones internacionales —incluida una queja formal de la embajada china—, Chaves defendió la medida como una “acción en favor del pueblo costarricense, priorizando su seguridad y soberanía digital”.
Por su parte, la embajada de China en Costa Rica ha emitido varios comunicados en los que rechaza las acusaciones de que empresas como Huawei representan una amenaza para la ciberseguridad del país. En su opinión, la exclusión de empresas chinas con base en su adhesión al convenio constituye una práctica politizada.
La Prensa intentó obtener una reacción de la embajada de China en Panamá, pero no obtuvo respuesta.
Ley de Contrataciones
El representante de Juan Díaz argumentó que la Ley de Contrataciones Públicas establece que las entidades no pueden incluir cláusulas subjetivas ni especificar marcas o productos de un solo fabricante, como parte del principio de igualdad de oportunidades entre los proponentes.
Por su parte, el Municipio de Panamá impulsa la medida apelando a su autonomía y señalando que debe defender a la entidad de posibles ciberdelitos y comprar tecnología con altos estándares.
En medio de este nuevo escenario geopolítico, marcado por tensiones crecientes y decisiones locales con impacto global, surge una interrogante clave: ¿Dónde se escribirá el próximo capítulo de la disputa entre Estados Unidos y China?
