La Procuraduría General de la Nación respondió a una solicitud del diputado Ernesto Cedeño sobre el estado de las auditorías que el Ministerio Público ha requerido a la Contraloría General de la República.
La respuesta no solo aporta cifras, sino que expone una realidad inquietante y cada vez más difícil de ignorar: una desconexión estructural entre ambas instituciones que amenaza con frenar investigaciones clave contra la corrupción.
La nota, fechada el 18 de noviembre de 2025 y firmada por el procurador Luis Carlos Gómez Rudy, detalla el volumen de solicitudes, los informes entregados y el impacto que la falta de auditorías ha tenido en la investigación penal.
Según la Fiscalía Anticorrupción, entre el 1 de enero y septiembre de 2025 se emitieron 423 solicitudes y reiteraciones de auditorías especiales. La cifra refleja el ritmo acelerado de investigaciones por presuntos delitos contra la administración pública, un ámbito donde las auditorías de la Contraloría suelen ser pieza clave para sustentar imputaciones y llevar los casos a las fases más avanzadas.
La Contraloría General de la República de Panamá, debe apoyar de mejor manera a la administración de justicia, en la lucha contra la corrupción y la delincuencia. Tengo respuesta del Ministerio Público que deja en evidencia, la falta de apoyo real y efectivo, hoy en día. pic.twitter.com/Bo6UGSAYKW
— ERNESTO CEDEÑO A. (@ernestocedeno) November 26, 2025
No obstante, la Contraloría solo ha remitido 116 informes de auditoría en ese período, de los cuales únicamente 53 corresponden a solicitudes formuladas este mismo año. Esto significa que apenas el 12.5% de las auditorías requeridas en 2025 ha sido entregado, un indicador que evidencia un cuello de botella que impacta directamente en el desempeño del Ministerio Público.
El resto de los informes —63 en total— responde a solicitudes de años anteriores, lo que sugiere un rezago acumulado que se arrastra de gestiones previas. Este retraso condiciona los avances en investigaciones relevantes, especialmente aquellas que requieren un peritaje contable para determinar responsabilidades.
Casos archivados
La falta de auditorías no es un asunto menor. La Fiscalía Anticorrupción reportó que solo en 2025 unos 34 casos tuvieron que ser archivados por diversas causas vinculadas directamente a la ausencia del informe solicitado a la Contraloría. Aunque el número ha sido mayor en años anteriores, marca una tendencia preocupante para las investigaciones más sensibles del país.
En cuanto a los sobreseimientos, el Ministerio Público señaló que, en el sistema penal acusatorio vigente, no se han dictado decisiones de este tipo por falta de auditorías. Sin embargo, para muchos casos la investigación queda suspendida mientras se espera el informe, lo que obliga a aplicar archivos provisionales que retrasan el curso natural de los procesos y dilatan la expectativa de justicia.
La Procuraduría explicó que, cuando la Contraloría no entrega oportunamente el informe, se dificulta comprobar la lesión patrimonial por otros medios, lo que limita las posibilidades de avanzar hacia una imputación formal. De allí que el artículo 275 del Código Procesal Penal sea la norma utilizada para respaldar estos archivos provisionales.
En contraste con este panorama, el Ministerio Público indicó que, entre enero y noviembre de 2025, solo se han logrado dos sentencias condenatorias sustentadas en auditorías, ambas producto de acuerdos de pena. En el ámbito regional, las fiscalías de Colón y Guna Yala registraron tres condenas adicionales que también se apoyaron en informes de la Contraloría.
A pesar de las dificultades, 60 casos vinculados a delitos contra la administración pública lograron avanzar a la fase de investigación formal durante el año. En ellos se adoptaron medidas cautelares para proteger el proceso y asegurar que los señalados respondan ante la justicia. En total, se imputó a 124 personas, un indicador del peso que estos expedientes tienen en la agenda investigativa.
Casos de ANTAI
La nota también ofrece una radiografía del volumen de denuncias penales recibidas por la Fiscalía Anticorrupción en los últimos cinco años. Entre 2020 y 2024 ingresaron 5,424 denuncias por delitos contra la administración pública, de las cuales 101 provinieron directamente de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI).
El desglose revela un crecimiento sostenido en los reportes de ANTAI: cero en 2020, una en 2021, unos 25 en 2023 y otros 75 en 2024. A estas cifras se suman 258 denuncias generadas entre enero y septiembre de 2025, lo que eleva a 359 el total aportado por la entidad desde 2020. El aumento confirma una mayor actividad en la identificación y canalización de posibles actos irregulares en el sector público.
Para el diputado Cedeño, la Contraloría “debe apoyar de mejor manera a la administración de justicia” en la lucha contra la corrupción y la delincuencia. Señaló que la respuesta remitida por el Ministerio Público, en torno al avance de las auditorías solicitadas, evidencia una “falta de apoyo real y efectivo” por parte del ente fiscalizador.
Su mensaje es claro: la ausencia de informes oportunos no solo retrasa las investigaciones, sino que debilita la capacidad del Estado para enfrentar actos que lesionan el patrimonio público.
En Panamá, algunas de las investigaciones más sensibles del Ministerio Público apuntan a casos que han marcado la agenda pública: la descentralización paralela, los polémicos auxilios económicos del Ifarhu, las cuestionadas planillas de la Asamblea Nacional y las presuntas irregularidades en la renovación del contrato de Panama Ports.
