El Concejo de Panamá ha institucionalizado una práctica cuestionable: permitir que representantes investigados por el mal manejo de fondos en sus juntas comunales o condenados por peculado ocupen los dos cargos de mayor jerarquía dentro de esa instancia de gobierno local.
En los últimos años, la presidencia y la vicepresidencia del Concejo han sido asumidas por ediles con antecedentes judiciales, sin que medie objeción de sus colegas ni existan mecanismos internos que impidan semejante contradicción ética.
Los casos más recientes son la escogencia de Senén Mosquera, edil de Curundú, como presidente de ese gobierno local, y de Mario Kennedy, representante de San Felipe, como vicepresidente, para el período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2025. El primero es investigado por el manejo irregular de fondos en el esquema conocido como “descentralización paralela”, y el segundo fue condenado por peculado.
No obstante, ya hay precedentes de polémicas designaciones en estas autoridades. Por ejemplo, el actual vicepresidente del Concejo de Panamá es Hugo Henríquez, edil de Pacora, a quien la Autoridad Nacional de Descentralización denunció penalmente ante el Ministerio Público por presunto mal manejo de fondos en la cuestionada descentralización paralela.
Llama la atención que fue Henríquez quien propuso a Mosquera como presidente de esa instancia local. Es decir, dos juntas comunales mencionadas en el caso de la descentralización paralela.
Según reportes, durante el período 2019-2024, Henríquez recibió aproximadamente $2 millones provenientes de ese programa, mientras que Mosquera recibió $3.6 millones.
En el caso de Kennedy, el representante había sido condenado inicialmente a seis años, en 2012, por mal manejo de recursos de la junta comunal; pero, al acogerse a un juicio abreviado, la sentencia fue reducida a cuatro años. Eso le permitió postularse nuevamente y ser reelecto.
Otros casos
Otros casos notables fueron los de Yoira Perea, exrepresentante de Chilibre, quien ocupó la silla presidencial entre enero y julio de 2023. Perea fue condenada a 60 meses (cinco años) de prisión por delitos contra la administración pública, en la modalidad de peculado, luego de que se comprobara su participación en la malversación y apropiación —según la acusación del Ministerio Público— de $1.5 millones del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE), un programa del Ministerio de Educación.
A esta lista hay que agregar a Ramón Ashby, exrepresentante de Calidonia, quien fue condenado a 60 meses de prisión por el delito de peculado doloso agravado. La condena se originó tras una auditoría de la Contraloría General de la República, que detectó irregularidades financieras y administrativas en la Junta Comunal de Calidonia durante el período de 1999 a 2003, incluyendo gastos no justificados por más de $500,000.
Aunque inicialmente se le concedió un reemplazo de pena por trabajo comunitario, esta decisión fue revocada por el Tribunal Superior de Apelaciones, que consideró que el delito cometido era grave y que Ashby, al ser un funcionario de elección popular, debía cumplir su condena en un centro penitenciario.
Los votos
La elección de Mosquera y Kennedy para dirigir el Concejo de Panamá no contó con el respaldo unánime del cuerpo edilicio. Representantes de siete corregimientos —Betania (Humberto Enrique Echeverría), Juan Díaz (David Bernal), Pueblo Nuevo (Luis Pérez), Bella Vista (César Kiamco), San Francisco (Serena Vamvas), Tocumen (Arielis Barría) y Ernesto Córdoba (Ismael Atencio)— votaron en contra de la designación, todos ellos integrantes de la coalición opositora Vamos.
En contraste, la fórmula Mosquera-Kennedy fue avalada por concejales afines a los partidos Realizando Metas, PRD, Panameñista y Movimiento Otro Camino, consolidando así una mayoría circunstancial que dejó en evidencia la fractura política dentro del gobierno local capitalino.
