Enrique Lau Cortés, exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), fue detenido este martes 6 de octubre, pero estaba bajo la lupa desde un año antes (por lo menos...), cuando la Contraloría General de la República ordenó el secuestro de sus bienes hasta por la suma de $2.9 millones.
La decisión, adoptada por el contralor Anel Flores el 25 de noviembre de 2025, está relacionada con una investigación sobre medicamentos e insumos médico-quirúrgicos que la CSS adquirió durante su gestión como director. Por este caso, el Ministerio Público inició una investigación por presunto peculado.
Pero la detención de Lau no fue como parte de este expediente. Guarda relación con otra causa que se le sigue por posible enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.
Por este caso, la fiscalía calcula una lesión patrimonial al Estado al Estado por $500,000.
La operación de este martes, denominada Muralla, incluyó allanamientos y terminó con la aprehensión del exdirector de la CSS en un apartamento en el exclusivo residencial Santa María. En las próximas horas será conducido ante un juez de garantías para la audiencia de imputación de cargos.
Los procesos
Son dos investigaciones, que implican montos distintos, aunque la instrucción de ambos expedientes la lleva el fiscal anticorrupción Eduardo Gutiérrez.
De momento, no parece haber relación entre ambos procesos.
La investigación por presunto peculado relacionado con la compra de medicamentos tiene su origen en una auditoría forense de la Contraloría que encontró compras “excesivas” de insumos médicos quirúrgicos y medicamentos, sin controles adecuados.
Así consta en la Resolución 3988-2025-LEG/UA, fechada el 25 de noviembre de 2025. Ese día, el contralor Anel Flores ordenó adoptar medidas precautorias contra Lau y secuestrar sus bienes hasta por $2.9 millones.
La resolución se sustenta en un memorando de la Dirección Nacional de Investigaciones y Auditoría Forense. El periodo examinado se extiende del 1 de julio de 2019 al 31 de diciembre de 2024, periodo que coincide con buena parte de la gestión de Lau en la CSS.
La Contraloría encontró, según el documento, compras excesivas de medicamentos e insumos médico-quirúrgicos que terminaron en pérdidas por vencimiento. La CSS emitió resoluciones de descarte por $2.9 millones porque los productos ya no eran aptos para el consumo humano.
El dato adquiere otra dimensión cuando se lee el resto de la resolución. La Contraloría sostiene que esas pérdidas ocurrieron en un contexto en el que hubo falta de atención en consultas externas, cirugías y otras especialidades. Es decir, medicamentos e insumos adquiridos con recursos públicos terminaron descartados mientras la institución enfrentaba problemas para atender a sus pacientes.
Traslados millonarios
El documento menciona, además, traslados de partidas millonarias desde la CSS hacia el Gobierno Central sin controles adecuados.
Como se recordará, la actual administración de la CSS presentó en mayo de 2025 una denuncia por el traslado de unos $400 millones al Gobierno Central: $300 millones en 2023 y otros $100 millones en los primeros meses de 2024.
Según la denuncia, las operaciones fueron registradas como préstamos o adelantos que debían ser devueltos en 30 días, pero ese reintegro no se produjo en el plazo acordado. Lau fue notificado de la investigación el 23 de mayo de 2025.
La CSS sostuvo que los traslados no contaban con autorización de su junta directiva y que carecían de sustento legal.
Posteriormente, el Gobierno informó que los $400 millones fueron restituidos a la CSS, pero la investigación continúa.
El secuestro patrimonial
Para garantizar un eventual resarcimiento al Estado, la Contraloría no se limitó a las propiedades de Lau. Ordenó el secuestro de sus cuentas corrientes y de ahorro, depósitos, plazos fijos, valores, tarjetas de crédito, cuentas cifradas y cajillas de seguridad. También incluyó vehículos y cualquier crédito o cuenta por cobrar que el exdirector mantuviera frente al Estado.
Al día siguiente, el 26 de noviembre de 2025, la Contraloría comunicó la medida a la directora del Registro Público, Nairobia Escrucería. El registrador recibió la instrucción de abstenerse de inscribir operaciones realizadas por Lau después de la comunicación del secuestro. Los bienes quedaron a órdenes de la Contraloría hasta nuevo aviso.
La medida, por sí sola, no significaba una condena. Se trataba de una actuación precautoria destinada a preservar bienes mientras se determinaba si existía responsabilidad patrimonial. La propia resolución permitía a Lau presentar un recurso de reconsideración, aunque aclaraba que ese recurso no suspendía la ejecución del secuestro.
La aprehensión
La Fiscalía Anticorrupción aprehendió este martes al exdirector de la CSS como parte de la Operación Muralla, una investigación por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales. De acuerdo con las autoridades, el expediente parte de una posible lesión patrimonial estimada preliminarmente en alrededor de $500 mil.
A Lau lo encontraron en un apartamento en Santa María donde también hallaron documentos y bienes que serían considerados indicios dentro de la investigación. La diligencia formó parte de una jornada de allanamientos que incluyó residencias en Paitilla, Dos Mares, Chanis y Playa Blanca, ejecutados por la Fiscalía Anticorrupción con apoyo de agentes de la Policía Nacional.
Lau Cortés no es el único alto funcionario del gobierno de Cortizo que ha quedado bajo la lupa de la justicia, por presunto enriquecimiento, entre otros delitos.
En esa lista aparecen el exvicepresidente José Gabriel Carrizo; Bernardo Meneses, quien dirigió el Ifarhu; Luis Oliva, al frente de la AIG; Publio De Gracia y Maritza Ureña, exdirector y exsubdirectora de Ingresos (DGI), respectivamente, y Noriel Araúz, exadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).
La próxima semana, será la audiencia de acusación de Carrizo.
Los expedientes son distintos y, hasta ahora, no existe una causa común entre ellos. Sin embargo, varios incluyen investigaciones por presunto enriquecimiento injustificado, mientras otros contemplan delitos como peculado, corrupción de funcionarios y blanqueo de capitales.
