Ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y como parte del Examen Periódico Universal (EPU), Panamá destacó una serie de avances legales, institucionales y programáticos en materia de derechos humanos. El documento presentado en Ginebra abarca desde iniciativas en educación en derechos humanos, igualdad y no discriminación, hasta la situación de derechos de grupos específicos: mujeres, niñez, pueblos indígenas, personas LGBTIQ+, migrantes, entre otros.
Sin embargo, este documento contrasta con el informe presentado por más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil, que alertaron que persisten altos niveles de pobreza y desigualdad en Panamá, hecho que afecta “de manera desproporcionada a poblaciones afrodescendientes, personas con discapacidad, indígenas y rurales”.
Las 110 organizaciones no gubernamentales también advirtieron que la corrupción sigue siendo una preocupación estructural que impacta negativamente en la garantía de los derechos humanos y compromete el desarrollo y la estabilidad.
“Casos recurrentes de desvío de fondos públicos, ausencia de sanciones efectivas y debilidades en los mecanismos de control y supervisión contribuyen a la desconfianza ciudadana y a la ineficiencia de las instituciones”, se lee en el análisis de 23 páginas.
Pobreza y desigualdad social
En el informe oficial, la erradicación de la pobreza se presenta como prioridad transversal, es decir, como un objetivo que se incorpora en todas las políticas, programas y decisiones del Estado. El Gobierno destacó la Ley 297 de 2022, destinada a reducir la pobreza extrema y la desigualdad, iniciativa que dio vida al llamado “Plan Colmena”, uno de los proyectos emblemáticos de la administración de Laurentino Nito Cortizo (2019-2024).
También argumentó que la pobreza multidimensional disminuyó del 19.1% en 2017 al 14.8% en 2022, y enumeraron los múltiples programas de transferencia monetaria o subsidios que se entregan. “Estas intervenciones habrían alcanzado a 42,592 hogares en pobreza extrema (Red de Oportunidades) y a 117,339 adultos mayores sin pensión (programa 120 a los 65) en 2025”, dice el documento.
En efecto, los datos oficiales de reducción de pobreza son correctos, pero un vistazo más profundo revela que la desigualdad persiste: las comarcas indígenas siguen concentrando las tasas más altas de pobreza. El 93.8% de la población indígena residente en comarcas vive en pobreza multidimensional, de acuerdo con informes de Naciones Unidas. Incluso, en zonas como la comarca Ngäbe-Buglé se registran niveles de pobreza extrema superiores al 70%.
El informe de las organizaciones civiles también destaca este tema: “Doscientas sesenta y cuatro mil niñas, niños y adolescentes de 0 a 14 años y 152 mil de 15 a 24 años se encuentran en pobreza. El 34% en pobreza multidimensional. Un 15% vive en condiciones de hacinamiento, ascendiendo a un 25% en zonas rurales”, alertan. También señalan que “es necesario considerar el valor y la incidencia de las reparaciones sobre la reducción de la desigualdad y la pobreza”.
Justicia, seguridad ciudadana e impunidad
El documento del Gobierno también sostiene que Panamá ha fortalecido su sistema de justicia y la seguridad pública. Destaca la implementación del plan estratégico “Comprometidos con la Justicia 2020-2030” para modernizar procedimientos judiciales y mejorar el acceso de las víctimas. Se enumeran medidas como la creación de más juzgados municipales y especializados, unidades de defensoría pública para niñez y víctimas, así como la habilitación de cámaras para evitar la revictimización. También se informa sobre giras de “Justicia Móvil” que llevaron servicios judiciales a áreas apartadas como la comarca Ngäbe-Buglé.
No obstante, el informe de la sociedad civil resalta que el acceso a la justicia se ve limitado por múltiples barreras, incluyendo la falta de presencia institucional en zonas rurales e insulares, los altos costos, las demoras procesales y las prácticas discriminatorias hacia personas afrodescendientes, indígenas y en situación de pobreza. “A esto se suma la escasa implementación de mecanismos de justicia alternativa, la revictimización y la falta de reparación integral a las víctimas”, advierten.
¿Reducieron los homicidios?
En materia de seguridad ciudadana, el Gobierno reporta una reducción de los homicidios hacia finales de 2024: 34 homicidios en noviembre de 2024 frente a 67 en noviembre de 2023 (una caída del 49%), y 46 casos en diciembre de 2024 comparados con 57 en diciembre de 2023 (reducción del 19%).
Sin embargo, se omitió la perspectiva anual, pues de acuerdo con las estadísticas del Ministerio Público, en 2024 se cometieron 27 homicidios más que en 2023: se registraron 583 frente a 556 del año anterior.
Cuando corresponde hablar sobre el hacinamiento carcelario, el gobierno de José Raúl Mulino destacó la implementación del “Plan Libertad” en la población penitenciaria (trabajo comunitario, arresto domiciliario, libertad vigilada). Añade que 2,943 personas se beneficiaron entre julio de 2024 y junio de 2025. Gracias a ello –afirma el informe– el 58.6% de la población penitenciaria participa en programas educativos y 29.8% en actividades productivas dentro de las cárceles, como señal de mejoras en rehabilitación.
No obstante, la realidad es más sombría de lo que refleja el “Plan Libertad”. Panamá arrastra un hacinamiento crónico en sus cárceles: la población privada de libertad ronda los 25 mil reclusos, excediendo en cerca de 9,700 personas la capacidad instalada de los penales.
Corrupción y buena gobernanza
También se destaca el compromiso con la transparencia y la lucha anticorrupción. Se resalta la aprobación de la Ley 316 de 2022, que obliga a los altos funcionarios a presentar declaraciones de conflicto de interés ante la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) al asumir el cargo y actualizarla anualmente.
No obstante, en junio de 2023 la propia Antai alertó que al menos 1,300 funcionarios no habían presentado su respectiva declaración jurada. Se supone que con el tiempo ese grupo de servidores se puso al día con la norma, pero el episodio evidenció la falta de control y de mecanismos efectivos para exigir su cumplimiento.
Organizaciones especializadas han insistido en que la ley debe fortalecerse para incluir sanciones más severas por incumplimiento, plazos claros de fiscalización y obligaciones de publicación en línea que permitan a la ciudadanía conocer y comparar las declaraciones patrimoniales y de intereses.
Asimismo, se destaca la capacitación de 868 jueces y funcionarios judiciales en 2024 sobre delitos de corrupción, lavado de activos y ética judicial, y el fortalecimiento de fiscalías especializadas en blanqueo de capitales y recuperación de activos ilícitos. El Gobierno incluso vincula la agenda anticorrupción con otros hitos, como el fallo de la Corte Suprema que en 2023 declaró inconstitucional un polémico contrato minero –presentado como “un hito significativo en la defensa del medio ambiente y la transparencia”.
No obstante, casos de alto perfil como el de los sobornos que pagó Odebrecht en Panamá aún no han sido resueltos. El juicio de este caso se ha dilatado en varias ocasiones. Está programado para el próximo 11 de noviembre, pero también existe la posibilidad de que no se celebre.
Derechos de las mujeres y violencia de género
La promoción de la igualdad de género y la erradicación de la violencia contra mujeres y niñas ocupan un lugar central en el reporte oficial. Panamá destaca la creación del Ministerio de la Mujer mediante la Ley 375 de 2023 como un hito institucional para coordinar políticas de género. Se informa que este ministerio preside el Comité Nacional contra la Violencia en la Mujer y elaboró su primer Plan Estratégico 2021-2024.
Sin embargo, apenas unos días antes de que la delegación panameña asistiera a Ginebra a sustentar el documento, el Consejo de Gabinete del presidente José Raúl Mulino aprobó un proyecto de ley que busca eliminar esta entidad. De hecho, esa iniciativa legislativa ya fue presentada a la Asamblea Nacional.
[Lea aquí: Panamá destaca el Ministerio de la Mujer ante la ONU, pero avanza la propuesta para su eliminación]
Mientras tanto, la violencia de género sigue siendo un problema crítico y creciente en Panamá, algo que el informe oficial no cuantifica claramente. Cifras del Observatorio de Femicidios, basadas en datos del Ministerio Público, revelan que en 2024 ocurrieron 24 femicidios en el país, un marcado aumento respecto a 2023, que registró 15 casos.
