En medio del segundo debate del presupuesto general del Estado para 2027, un grupo de diputados presentó una propuesta que ampliaría la lista de entidades autorizadas a comprar sin aplicar la Ley de Contrataciones Públicas.
El documento, firmado por Luis Eduardo Camacho, de Realizando Metas (RM); Manuel Cohen, de Cambio Democrático; y Benicio Robinson, del Partido Revolucionario Democrático (PRD) , entre otros; pide modificar el artículo 370 del proyecto de ley 644, que dicta el Presupuesto General del Estado por $35,111.7 millones.
Benicio Robinson nuevamente buscando meter un camarón. Miren la redacción: permitir a “instituciones públicas” eximirse del cumplimiento de la Ley de Compra Pública hasta 1 millón es ARRIESGADO.
— Juan Diego Vásquez (@JDVasquezGut) October 28, 2026
Ya este gobierno es autopista en compra directa y ahora esto?
NEGOCIADOS A LA VISTA. pic.twitter.com/vaRwOainyH
Ese artículo ya exceptúa de la ley de contrataciones a varias empresas de servicios públicos: el Metro de Panamá y sus subsidiarias, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa), la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario y el Aeropuerto Internacional de Tocumen.
La modificación agrega a esa lista instituciones “tales como” el Ministerio de Educación, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Gobierno y los municipios, siempre que “atiendan asuntos de interés general de derechos poblacionales”.
Hasta $1 millón por contratación
Según la propuesta, la excepción se aplicaría a la compra de servicios técnicos, repuestos y equipos cuando se presenten “situaciones fortuitas y de urgencia” o circunstancias de interés público que requieran atención prioritaria.
El monto de cada contratación tendría que ser menor de un millón de dólares, “no acumulativo por proveedor o tipo de servicio técnico, evitando la fragmentación contractual”.
Para acogerse a la excepción, cada entidad tendría que publicar una lista con los servicios, repuestos y equipos que pretende adquirir por esta vía. También tendría que adoptar un reglamento especial de contratación, aprobado por la Contraloría General de la República y publicado en la Gaceta Oficial.
La diputada de Vamos, Janine Prado, de la bancada Vamos, cuestionó la propuesta.
Dijo que la modificación “es gravísima” porque abarca prácticamente a todo el gobierno. Pidió a sus colegas diputados que voten en contra de la modificación. “Pareciera que pudiera existir un negociado detrás de esto”, argumentó.
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