Es inconstitucional, amenaza la seguridad alimentaria de los panameños y pone en riesgo el ecosistema nacional al priorizar intereses comerciales sobre el bienestar público. Estas son algunas de las valoraciones de los diputados Alexandra Brenes, Jorge González y Jhonathan Vega, de la bancada Vamos, sobre el proyecto de ley 443, que establece el etanol obligatorio en Panamá.
A través de un informe de minoría, los diputados rechazaron el texto aprobado en primer debate el pasado 24 de marzo, argumentando las razones arriba expuestas y que el Estado intenta imponer un modelo que viola los derechos básicos de los consumidores y los compromisos ambientales internacionales de Panamá.
Golpe a la libertad del consumidor
El informe advierte que el proyecto viola el artículo 49 de la Constitución Política, que prohíbe los monopolios y ordena proteger la libre competencia y los derechos del consumidor, pues obliga a la población a consumir gasolinas con una mezcla del 10 % de bioetanol anhidro.
“Se elimina la libertad de elección que tiene el consumidor, lo cual puede afectar directamente la operatividad de maquinaria o motores cuya fabricación no les permite funcionar óptimamente con gasolina con aditivos de las características propias del bioetanol”, se destaca en el informe.
Amenaza a la canasta básica
Uno de los puntos más críticos del informe destaca el peligro que corre el suministro de azúcar en el país. El documento recuerda que, actualmente, el mercado local consume al menos dos tercios de la producción nacional de caña de azúcar.
Los diputados advierten que centrar este cultivo en la producción de bioetanol provocará un desbalance en el suministro de azúcar, un insumo esencial de la canasta básica nacional.
También explican que el proyecto carece de estudios técnicos que demuestren que el sector primario tiene la capacidad de producir combustible sin encarecer o desabastecer los alimentos de la población.
Retroceso ambiental y riesgo de incendios
En materia ambiental, Brenes, González y Vega denuncian que la propuesta vulnera el principio de no regresión ambiental y el Acuerdo de Escazú.
Argumentan que el texto ignora las sugerencias del Ministerio de Ambiente y promueve la expansión de monocultivos energéticos, lo cual aumenta el riesgo de incendios forestales debido a la práctica de quema y la gestión intensiva de biomasa.
Contrario a lo que afirma el Ejecutivo, los diputados advierten que el proyecto no representa una alternativa menos contaminante, sino que fragmentará los ecosistemas y alterará la humedad del suelo.
Falta de condiciones técnicas
El informe de minoría, además, resalta otra contradicción: mientras el Ministerio de la Presidencia impulsa este proyecto de ley, la Secretaría Nacional de Energía suspendió recientemente la implementación del bioetanol mediante una resolución.
Al respecto, advierten que el propio Gobierno reconoce en dicho documento que el país no cuenta con las condiciones técnicas, regulatorias ni de mercado necesarias para ejecutar el programa de forma segura. Por ende, los diputados consideran “sumamente incongruente” insistir en una ley cuya aplicación práctica el propio Estado ha declarado inviable por ahora.
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Reforma integral
Luego de sustentar los cuestionamientos al proyecto de ley 443, los tres diputados proponen un texto con varias modificaciones.
Por ejemplo, plantean que los distribuidores deben ser responsables objetivos por los daños que el bioetanol cause a los motores o vehículos de los consumidores.
También proponen que la producción debe enfocarse en residuos de origen animal o vegetal, prohibiendo la conversión de bosques o manglares en cultivos energéticos.
Asimismo, sugieren que el Estado debe aplicar criterios estrictos de prevención, precaución y responsabilidad ambiental en todas las fases de producción.
Finalmente, los diputados Brenes, González y Vega condicionan su apoyo a que el proyecto incorpore estas modificaciones para garantizar que la transición energética sea ordenada, justa y, sobre todo, constitucional.
El informe de Cedeño
Los tres votaron en contra de que el proyecto de ley 443 se aprobara en primer debate. Otro que votó en contra fue Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino, quien también presentó un informe de minoría.
“Si bien su finalidad es legítima, algunas de sus disposiciones podrían generar riesgos y eventuales vicios de inconstitucionalidad, particularmente en relación con los principios de libre competencia, razonabilidad, seguridad jurídica y protección al consumidor, en caso de que no se delimiten adecuadamente sus alcances”, dice el documento de Cedeño.
Además, advierte que el proyecto de ley establece tratamientos diferenciados entre la producción nacional e importada e introduce un nivel significativo de intervención estatal, entre otras cosas.
En el pleno
El debate de esta propuesta se reanudó el pasado lunes 20 de abril. Fue la primera discusión en segundo debate. En esa jornada, los diputados presentaron los informes de minoría, pero durante la noche de este miércoles 22 de abril los volvieron a sustentar debido a que fueron subsanados.
