La reciente gira presidencial por la provincia de Chiriquí evidenció las tensiones entre el Ejecutivo y los representantes de corregimiento, quienes se mostraron incómodos ante las investigaciones que rodean el cuestionado programa de descentralización paralela.
El presidente José Raúl Mulino no eludió el tema y recordó que el esquema, señalado por manejos irregulares, representó un uso de fondos públicos por el orden de los 320 millones de dólares. Su mensaje fue claro: advirtió que aplicará todo el peso de la ley contra quienes hayan malversado recursos mediante este mecanismo, ampliamente criticado por permitir transferencias millonarias a juntas comunales sin suficiente fiscalización.
“Este país va a dar el peso de la ley, vuelvo y reitero: no de mi gobierno, de la ley, de la justicia; le cae encima a todos, no me importa quién sea”, declaró el mandatario, al referirse a presuntos casos de corrupción relacionados con el manejo de fondos públicos.
El jefe del Ejecutivo continuó con una denuncia directa: “¿Cuántos millones es que fue? ¿Cuántos? 320 millones... 50 millones en Chiriquí. Se la robaron, se la robaron”, expresó, aludiendo a fondos cuyo destino sigue sin esclarecerse. Aunque reafirmó su respaldo a las formas de participación ciudadana, Mulino rechazó que el “poder popular” se utilice como excusa para el despilfarro o el clientelismo. “Yo apoyo al poder popular, como ustedes saben y se los he dicho, pero no para eso”, enfatizó.
También respondió a diputados que le han planteado proyectos de inversión en sus circuitos, dejando claro que “se deben analizar por las instituciones correspondientes”. En tono crítico, el presidente cerró su intervención con una advertencia sobre el retorno de viejas prácticas políticas: “Aquí no volverán esos tiempos de entregar a las juntas comunales dinero para que hagan fiesta”.
Ediles brindan su versión
En esa misma actividad en Chiriquí, el representante del corregimiento de Las Lomas, en David, Francisco Almengor, pidió públicamente al mandatario un trato más justo hacia los ediles en medio de las investigaciones sobre la descentralización paralela.
“Presidente, mi respeto y admiración por todas las maniobras que está realizando por el bienestar del país”, dijo al iniciar su intervención, para luego expresar preocupación por el impacto de las auditorías. “Créame, señor presidente, la gran mayoría de los representantes y alcaldes somos gente trabajadora, responsable, y no se nos puede cortar a todos con la misma tijera”, afirmó, aludiendo al manejo de más de 300 millones de dólares asignados a juntas comunales.
Almengor también mencionó que muchas de las compras realizadas durante la pandemia —como bolsas de comida y medicamentos— se hicieron bajo decretos de emergencia y recomendaciones del Ministerio de Salud. “Nosotros respetamos los controles fiscales y tampoco vamos a abonar por sinvergüenzuras, pero merecemos una oportunidad de subsanar antes de que nos remitan al Ministerio Público”, solicitó.
El representante relató que, durante la emergencia sanitaria, las juntas comunales y alcaldías asumieron tareas que el Estado no alcanzaba a cubrir. “Fuimos nosotros quienes llevamos comida, tanques de gas, medicamentos; incluso enterramos muertos. En mi corregimiento, enterramos siete personas en un solo día”, recordó.
Visiblemente afectado, dijo que muchos colegas están desanimados por el trato que reciben. “Nos están poniendo como si fuéramos narcotraficantes o delincuentes comunes. Yo creo que hemos hecho más cosas positivas que negativas”, reclamó.
En esa misma línea se manifestó el edil de Santiago, en Veraguas, Carlos Ruíz, quien considera que hay cierto desconocimiento por parte del Ministerio Público respecto a varios procesos de compra dentro de los gobiernos locales. “Como juntas comunales utilizamos mecanismos de compra distintos a los del Ejecutivo”, afirmó.
Las investigaciones
La semana pasada, la Fiscalía Anticorrupción comisionó a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) para ubicar a exrepresentantes de corregimiento y alcaldes que recibieron fondos provenientes del Programa de Desarrollo Integral Sostenible (PDIS).
La investigación se extiende a unas 70 juntas comunales de las provincias de Panamá, Colón, Bocas del Toro, Herrera, Coclé, Panamá Oeste, Darién, Los Santos y la comarca Guna Yala.
La fiscalía también practicó diligencias en el Ministerio de Economía y Finanzas, así como en el Banco Nacional de Panamá, centradas en localizar información relacionada con una serie de denuncias presentadas en el año 2024 y en verificar los desembolsos realizados por la Autoridad Nacional de Descentralización a 70 juntas comunales y municipios que recibieron fondos del PDIS.
