La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional (AN) admitió una propuesta legislativa que penaliza a quien utilice la inteligencia artificial para afectar la honra o dignidad personal, propuesto por la diputada oficialista Dana Castañeda.
En esa sesión, celebrada este miércoles 26 de agosto en el salón Azul del Palacio Justo Arosemena, se reactivó una vieja aspiración de algunos diputados: eliminar la prohibición que impide a los funcionarios públicos recurrir a la vía penal para perseguir a aquellos ciudadanos que presuntamente les han calumniado o afectado su honor.
La prohibición, consignada en el artículo 178 del Código Penal, establece que “no constituyen delito contra el honor, entre otras situaciones, las discusiones, críticas y opiniones sobre los actos u omisiones oficiales de los servidores públicos, relativos al ejercicio de sus funciones”, lo que en la práctica blinda de la vía penal -más no de la civil- a quien critica la gestión de un funcionario.
Luis Eduardo Camacho, secretario de la comisión y copartidario de Castañeda, trajo el tema a discusión. Pronto encontró el respaldo de Benicio Robinson, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), y Julio De la Guardia, de Cambio Democrático (CD).
La iniciativa de Castañeda propone castigar con cárcel el uso “malicioso” de la inteligencia artificial para fabricar contenido falso.
La iniciativa incorpora el artículo 195-A al Código Penal y castiga con cárcel de tres a seis años a quien, mediante inteligencia artificial, clonación de voz, manipulación de imagen o cualquier tecnología análoga, cree, altere, publique, difunda o comercialice contenido digital que reproduzca el rostro, la voz o la apariencia de una persona real sin su consentimiento, cuando ese contenido tenga capacidad de dañar el honra o la dignidad.
Aunque el proyecto no alude al artículo 178 del Código Penal, ya los diputados advirtieron que modificarán el proyecto de Castañeda para incluirlo.
Contra los medios
La sesión se convirtió en un espacio para que los diputados hicieran catarsis contra los medios de comunicación.
Camacho se quejó del largo proceso que implica una demanda civil cuando un funcionario considera que se ha afectado su honor y, por ello, propuso habilitar la vía penal.
“Quiero verlos presos”, dijo. Luego, dirigiéndose a la proponente, Dana Castañeda, anunció: “Voy a utilizar su proyecto para eliminar esa prohibición. Sé que me van a atacar. No me importa. Hay que tumbar esa prohibición absurda y violatoria de los derechos humanos”.
En términos similares, se pronunció Robinson.
Contó que ha sido blanco de “calumnia, injuria” más que ningún otro diputado, y recordó que él mismo votó a favor de la ley que impide a los funcionarios públicos demandar penalmente por calumnia e injuria. “Apoyé yo, pensando que la ley... podía sacar que los funcionarios públicos no estuvieran demandando penalmente a ningún periodista ni a nadie natural”, añadió.
El diputado calificó la norma vigente de discriminatoria y pidió que se derogue: “Esta es una ley que debió haberse declarado inconstitucional, porque no debe haber fuero ni privilegio... No puede ser que los funcionarios públicos tengan una legislación de calumnia diferente. Significa que los funcionarios públicos realmente solamente valen para lo civil y para lo penal no valen absolutamente nada”.
Aun así, pidió que el proyecto no se lea como un ataque a la prensa.
Al final de la sesión la propuesta de Castañeda fue prohijada con ocho votos a favor y una abstención. Es decir, será discutida en primer debate.
La única diputada que se abstuvo fue Alexandra Brenes, de la bancada Vamos.
Brenes advirtió que uno de los artículos de la propuesta es contradictorio.
Robinson vs periodistas
Robinson, que además es el presidente del PRD, se ha caracterizado por su hostilidad a los medios de comunicación. Ha presentado dos demandas civiles contra Corporación La Prensa, S.A. (Corprensa) y algunos de sus periodistas.
En una ocasión, se quejó por el uso de una fotografía, alegando la ley de protección de datos personales. Por esa razón, en 2023, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) multó a La Prensa por publicar la foto de Robinson en una nota periodística sobre sus negocios con el transporte y los cupos que otorga la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, alegando que el diario no acreditó el uso “lícito” del material fotográfico.
El diputado de Bocas del Toro también demandó por calumnia e injuria al reportero radial Ronald Acosta de Chiriquí, a raíz de unos comentarios que este hizo en su programa Proyección Social.
De hecho, logró imponerle un secuestro judicial por 121 mil dólares al periodista, razón por la que un juzgado ordenó a la Alcaldía de Boquete retener los emolumentos de Acosta provenientes de un contrato de servicios profesionales por $600 mensuales.
El Forum se pronuncia
El Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información advirtió sobre los alcances del proyecto y cuestionó que la discusión sobre inteligencia artificial pueda terminar afectando las garantías para la crítica y el escrutinio de los funcionarios públicos.
“Nuestra preocupación está en la forma”, manifestó la organización, que reconoció la necesidad de establecer mecanismos para actuar frente a la clonación de voces, manipulación de imágenes y creación de contenidos falsos cuando se utilicen deliberadamente para engañar, suplantar o dañar la reputación de una persona.
El Fórum puso el foco en las penas previstas y en la amplitud de algunos conceptos de la propuesta. Advirtió que las sanciones de tres a seis años de prisión, que podrían llegar hasta siete años, se combinan con expresiones como “finalidad denigrante”, “apariencia de autenticidad” o contenido “idóneo para causar daño”. “En materia penal, ese margen de interpretación es delicado”, argumentó.
La organización también cuestionó la excepción contemplada para contenidos periodísticos, artísticos o de interés público. Recordó que “una investigación, una caricatura, una sátira o una opinión crítica pueden resultar incómodas o duras, pero eso no las convierte en delito”. A su juicio, dejar en manos de una autoridad la interpretación de cuándo una publicación tiene una intención “denigrante” podría generar autocensura.
El Fórum también se refirió directamente al planteamiento surgido en la Comisión de Gobierno para eliminar la prohibición que impide a los funcionarios recurrir a la vía penal por críticas relacionadas con sus funciones. “Eso nos preocupa profundamente”, afirmó. La organización marcó una diferencia entre sancionar un contenido falso creado deliberadamente para suplantar o dañar a una persona y utilizar el debate sobre inteligencia artificial para modificar las garantías que protegen la crítica a quienes ejercen el poder.
“Son debates distintos y deben mantenerse separados”, planteó el Fórum, que pidió una discusión sobre inteligencia artificial que no termine convirtiéndose en una vía para restringir la libertad de expresión. “Esa actualización no puede convertirse en una puerta para retroceder en la libertad de expresión”, concluyó.
