En medio del malestar generado por los costosos arrendamientos que pagan instituciones del Estado a la empresa Panama Canal Railway Company (PCRC), compañía a la que se le otorgó una concesión para la construcción, desarrollo, operación y mantenimiento del Ferrocarril de Panamá, el diputado Augusto Palacios solicitó información a la Contraloría sobre todos los contratos de arrendamiento que mantiene el Estado.
“En mi calidad de diputado de la República y miembro de la Comisión de Presupuesto, me permito expresar mi profunda preocupación por el manejo de los recursos públicos destinados al pago de contratos de arrendamiento en las diversas entidades del Estado. La transparencia y la adecuada administración de los fondos públicos son pilares fundamentales para fortalecer la confianza ciudadana en nuestras instituciones”, se lee la carta que envió Palacios al contralor Gerardo Solís.
En la nota, Palacios, diputado de la bancada independiente Vamos y miembro de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, exige conocer lo siguiente:
Cantidad de contratos de arrendamiento: Detallar el número de contratos vigentes que mantiene el Estado a través de todas sus entidades, empresas e instituciones.
Montos de arrendamiento: Indicar el canon mensual, anual y/o por vigencia de contrato que paga cada una de estas entidades.
Períodos de arrendamiento: Especificar las fechas de inicio y culminación de cada contrato.
Identificación de inmuebles: Proveer el número de finca correspondiente a cada inmueble arrendado.
Parte arrendadora: Identificar a la persona jurídica o natural que figura como arrendador en cada contrato.
El tema surgió a raíz de que se revelara que, cada año, la Autoridad Nacional de Aduanas paga $700,363.45 a PCRC por el uso de varios locales ubicados en Curundú, corregimiento de Ancón, terrenos otorgados en concesión a la compañía que opera el ferrocarril desde 1998. La Ley 15 del 17 de febrero de 1998, que otorgó la concesión para la construcción, desarrollo, operación y mantenimiento del Ferrocarril de Panamá, establece que la empresa tiene derecho exclusivo de uso sobre el área de terreno y las mejoras construidas en la misma.
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En una situación similar se encuentra el Metro de Panamá, S.A., entidad que por años destina más de $1.4 millones anuales al pago de alquileres a PCRC. Este contrato está vigente desde 2013, cuando la operación estaba a cargo de la Secretaría del Metro, y se mantiene desde 2015 bajo su estructura actual. Entre 2013 y 2024, el Metro de Panamá, S.A., ha pagado más de $15 millones a PCRC.
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El pasado 3 de diciembre, Palacios envió una nota al administrador general de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Luis Alberto Roquebert, solicitando información detallada sobre los contratos y acuerdos celebrados con Panama Canal Railway Company desde 1998.
Además, envió una carta a Soraya Valdivieso, directora general de la Autoridad Nacional de Aduanas, en la que propuso realizar un recorrido conjunto por las instalaciones arrendadas a PCRC. Según argumentó, esta visita permitiría evaluar de manera más precisa las condiciones actuales de las estructuras y el cumplimiento de los acuerdos establecidos.
El tema llegó al Ministerio Público
El tema no quedó allí. El diputado independiente Eduardo Gaitán presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que investigue si hubo responsabilidad o la posible comisión de algún delito en la extensión del contrato de concesión por 25 años más, otorgado a Panama Canal Railway Company para manejar el ferrocarril.
Gaitán busca que se determine quiénes son los responsables de haber aprobado esta concesión, que condena al Estado a pagar alquileres por terrenos que le pertenecen a los panameños.
Es inaceptable que dos instituciones paguen un alquiler por terrenos que nos pertenecen a todos los panameños. Ya es momento de que pongamos en primer lugar los intereses de la ciudadanía y no los intereses particulares de unos pocos. pic.twitter.com/CjYvHVDKSz
— Eduardo Gaitan (@EduardoAGaitan) December 12, 2024
