En 28 meses y 12 días de gobierno, el sistema penitenciario de Panamá ha tenido cuatro jefes, pero nada cambia. Por el contrario, los decomisos de armas y otros objetos prohibidos se han multiplicado, y ahora el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, admite que policías y custodios forman parte de la cadena que alienta el crimen en las cárceles.
La primera directora de la Dirección General del Sistema Penitenciario fue Mariela Jiménez, pero falleció en octubre de 2024. La reemplazó Jorge Torregroza, quien renunció en junio después de que 195 privados de libertad se fugaran de La Joyita, en una reyerta que dejó tres reos muertos y ocho heridos.
Chanan Singh lo sucedió, pero solo estuvo en el cargo cuatro meses. Se fue el miércoles 10 de noviembre, el mismo día en que organizaciones de derechos humanos denunciaron la muerte de al menos 10 reclusos de distintas cárceles del país por “hambruna provocada”.
Ahora está a cargo Fabián Camargo, quien ya formaba parte del equipo del Ministerio de Gobierno (Mingob), la institución responsable de la operación y administración de las cárceles del país.
El explosivo adiós de Singh
El Mingob dice que Singh se fue por motivos personales. Pero minutos antes de anunciar su renuncia ante los medios de comunicación, el ahora exfuncionario lanzó explosivas declaraciones.
“Yo solicito que la Policía Nacional salga del sistema penitenciario (...) Ellos están dentro de los pabellones, específicamente en el sector C (de La Joya)”, dijo. Luego agregó que allí hay 260 privados de libertad que no están clasificados. “Nadie sabe lo que pasa allí. Ni yo he podido entrar”, añadió.
También dijo que no es por la tiendita penitenciaria que su administración implementó por donde entran “la droga, la cocaína, la marihuana, las platinas y las pistolas”.
La respuesta de Ábrego
Este jueves, un día después de sus declaraciones, desde Chiriquí, Ábrego intentó minimizar el asunto.
Dijo que Singh “descubrió que el agua moja”. Pero, al mismo tiempo, admitió algo que pocas veces reconoce un ministro: “¿Que hay policías que colaboran con esto? Sí. ¿Que hay custodios penitenciarios que lo hacen? Claro que sí. ¿Que hay funcionarios del sistema penitenciario que también colaboran con estos detenidos? Claro que sí“.
El ministro no dijo qué están haciendo para evitar estas prácticas.
“Su comentario suena a cinismo y molesta en medio de la crisis humanitaria que están enfrentando las cárceles. La corrupción más aberrante es la de los contratos millonarios para la alimentación en los penales”, dijo a La Prensa la abogada Magaly Castillo, activista de derechos humanos y miembro de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, una de las organizaciones que en los últimos días ha denunciado la muerte de reclusos, supuestamente por desnutrición severa.
“No les interesa. Esa es la realidad. Ningún gobierno ha demostrado interés por el tema penitenciario. Si les interesara, tratarían de cumplir con la ley que crea el sistema penitenciario. Es una ley moderna que se aprobó durante la administración de María Luisa Romero. Pero la han ido desdibujando, no la aplican”, añadió.
Castillo hace la siguiente pregunta. “¿Por qué no permiten el ingreso a las organizaciones de derechos humanos? Antes nosotros teníamos acceso a los penales para el observatorio, para hacer visitas. Ahora no. Las cárceles están vedadas para las organizaciones de derechos humanos".
Se refiere a la Ley 42 del 14 de septiembre de 2016, que desarrolla la Carrera Penitenciaria en Panamá y que fue impulsada cuando Romero era ministra de Gobierno.
Los decomisos
Según el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, este año se han incautado al menos 265 antenas Starlink en las cárceles. El año pasado se decomisaron cerca de 40. Mientras que las armas decomisadas pasaron de unas 50 a casi 109. Singh, por su parte, habló de 4 mil celulares decomisados desde julio.
La Ley 55 de 2003 le asigna a la Policía la seguridad externa de los penales y a los custodios, la interna.
Fernández explicó a La Prensa que la Policía sigue en las cárceles porque el Sistema Penitenciario “carece de la estructura de custodios para soportar el 100% del manejo de la seguridad interna y externa”.
Se amparó en el artículo 346 del Decreto Ejecutivo 393 de 2005, que permite el apoyo policial cuando sea necesario. Según dijo, ese apoyo se ha brindado de forma sostenida durante décadas.
Ábrego coincidió. “En 18 años la ley no ha podido completarse como tal”, afirmó.
¿Cuántos custodios son?
La planilla del Ministerio de Gobierno, entidad a cargo de Dinoska Montalvo, registraba hasta septiembre 889 custodios penitenciarios, 268 agentes, 24 oficiales y un suboficial.
En total, son 1,182 funcionarios de seguridad para todas las cárceles del país. La mayoría cobra $800 al mes.
En 2025, de acuerdo con el documento, ingresaron 19 custodios y en 2026, incluso después de la fuga de La Joyita, solo uno.
En medio de esta nueva crisis, la ministra Montalvo ha guardado silencio. No se ha pronunciado sobre lo dicho por Singh ni sobre las declaraciones del ministro de Seguridad.
‘Se mueren de hambre’
Mientras tanto, familiares de privados de libertad recluidos en las cárceles del país denuncian que estos mueren de hambre. La Defensoría del Pueblo tampoco se ha pronunciado hasta el momento.
El pasado miércoles se dio a conocer una carta que firman 25 organizaciones de derechos humanos quienes advirtieron que al menos 10 presos de las cárceles de Nueva Esperanza, en Colón, y de La Joya y La Joyita, en Pacora, murieron en los últimos dos meses por una “hambruna provocada” y falta de atención médica.
Lea aquí: Organizaciones denuncian 10 muertes en cárceles panameñas por falta de comida y atención médica
Según las agrupaciones, desde junio las autoridades prohíben a los familiares llevarles comida, y los reclusos dependen de raciones que consideran insuficientes. Uno de los primeros casos fue el de Gabriel Alveo, de 32 años, que murió el 15 de octubre con desnutrición severa y sangrado intestinal.
Estas organizaciones pidieron a la ministra Montalvo que revele la cifra oficial de fallecidos, y el 30 de octubre solicitaron a la Defensoría del Pueblo que investigara la muerte de Alveo.
Recordaron que en 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Panamá en el caso Vélez Loor por las condiciones de sus centros de detención.
Las cárceles del país albergan a cerca de 26 mil presos en espacios construidos para 14,700, según cifras oficiales.
