Cada kilómetro de los corredores Norte y Sur plantea la misma pregunta: ¿por qué los panameños siguen pagando peaje si el Estado ya adquirió estas autopistas? La respuesta no es sencilla. La Empresa Nacional de Autopistas (ENA) asegura que los ingresos recaudados se destinan a la operación diaria, al mantenimiento y al pago de la deuda histórica que aún persiste.
Aunque la deuda de ambos corredores se había reducido notablemente, la decisión de la ENA de refinanciar sorprendió a muchos. Según sus directivos, la medida busca saldar el remanente pendiente y, al mismo tiempo, obtener condiciones financieras más favorables que permitan invertir en la modernización y ampliación de estas vías, con el objetivo de mejorar la experiencia de los usuarios a largo plazo.
Así fue planteado por la gerente de la ENA, Jessica Gotti, quien compareció este miércoles 22 de octubre ante la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional para rendir cuentas sobre la situación financiera, el endeudamiento y el futuro de los corredores Norte y Sur.
Durante su intervención, Gotti detalló que la construcción de los corredores fue ejecutada y pagada por las concesionarias originales en los años noventa, antes de que el Estado adquiriera los activos entre 2011 y 2012.
Precisó que, en el caso del corredor Norte, “el monto total recuperable reconocido al concesionario fue de $331 millones a valor de 1994”, mientras que el corredor Sur registró una inversión recuperable de $306 millones, según los contratos firmados en 1994 y 1996, respectivamente.
Las adendas a los contratos, indicó la gerente, “no fueron incrementos de valor, sino de tramos o construcciones adicionales no contempladas en los términos originales”. Además, explicó que los costos operativos actuales representan el 21% de los ingresos por peaje, cifra que incluye el mantenimiento mayor y menor.
Corredores gratis
Uno de los temas más debatidos fue la promesa de gratuidad de los corredores, anunciada cuando el Estado los rescató en 2010. Según Gotti, esa posibilidad fue eliminada por la Ley 49 de 2016. “Los peajes están cedidos como garantía de pago de las obligaciones financieras; por lo tanto, no podemos ponerlos gratis ni disminuirlos”, aclaró, destacando que la compra de los corredores se financió con una emisión de bonos sin recursos del Estado.
La gerente explicó que ENA Norte fue constituida como una sociedad anónima 100% estatal con el propósito de permitir el acceso al financiamiento internacional sin comprometer las finanzas públicas. “El Estado creó una estructura legal que le permitiera salir al mercado sin afectar el presupuesto general de la Nación”, indicó. Esta estructura, agregó, fue clave para mantener la operación de las autopistas bajo un esquema de concesión administrativa.
Respecto al financiamiento, Gotti recordó que en 2012 ENA Norte emitió bonos por $600 millones con vencimiento en 2028. “A septiembre de 2025 se han pagado $438 millones, y el saldo pendiente es de $162 millones”, precisó. Aunque se han recaudado cientos de millones en peajes, explicó que la deuda sigue vigente porque “el peaje no solo cubre el servicio de la deuda, sino también los costos de operación y mantenimiento”.
La funcionaria atribuyó la lentitud en la amortización de la deuda a factores como “proyecciones de aforo vehicular inicialmente optimistas que no se cumplieron” y al impacto económico de la pandemia. “Cinco años después de la pandemia, los ingresos del corredor Norte aún están por debajo de los niveles prepandemia”, reconoció. También mencionó el incremento de los costos operativos y de mantenimiento debido a la inflación.
Pago de la deuda
De acuerdo con la información presentada, entre 2012 y 2024 se generaron $916 millones en ingresos, de los cuales el 75% se destinó al pago de capital e intereses, un 21% al mantenimiento y operación, y el resto a gastos administrativos. “La cascada de pagos prioriza los costos de funcionamiento y mantenimiento antes del servicio de deuda y las inversiones en infraestructura”, puntualizó Gotti ante la comisión.
Consultada sobre la transparencia en la gestión de la empresa, Gotti aseguró que los estados financieros han sido auditados por firmas internacionales como Deloitte y KPMG, así como por calificadoras de riesgo.
30 años más
El diputado de Vamos y presidente de la Comisión de Economía, Eduardo Gaitán, cuestionó la necesidad de extender por 30 años la concesión, recientemente aprobada por el Ejecutivo. “¿Por qué se está dando si solamente nos faltan tres años para cumplir lo que antes era la fecha de término? ¿Por qué aplazarlo?”, preguntó el diputado, quien consideró que el refinanciamiento debía tener una justificación más clara y técnica.
Gotti respondió que la decisión se debe a un tema financiero internacional. “Si nosotros no cumplimos a tiempo con los bonos… necesitamos refinanciar antes del 2028 para poder cancelar esa deuda y cumplir con ese compromiso”, explicó. La gerente añadió que extender la concesión por tres décadas busca “mantener el grado de inversión” y obtener un nuevo financiamiento “con mejores condiciones” para futuras ampliaciones y rehabilitaciones de los corredores.
El diputado Gaitán insistió en su duda principal: por qué, si en 12 años se habían pagado $680 millones, ahora se requerían 30 años para cancelar un saldo de apenas $162 millones. “Me parece curioso que vamos a demorar 30 años en cancelar $162 millones, siendo que del 2012 al 2024 pagamos 680 millones”, dijo. En su análisis, consideró que “si nos dedicáramos a pagar la deuda, realmente no tardaríamos 30 años”.
Ante la insistencia del diputado, Gotti precisó que se trataba de dos aspectos distintos: la deuda actual y los proyectos de expansión. “Estamos mezclando la extensión de la concesión con la deuda. La extensión a 30 años es porque estamos buscando la posibilidad de estudiar nuevas rutas y nuevos accesos del corredor, no solo su rehabilitación”, argumentó.
Añadió que el refinanciamiento permitirá “modernizar el sistema de peaje” y atender las necesidades de conectividad que surgen con el crecimiento del país.
