En respuesta a los recientes disturbios ocurridos en el campus de la Universidad de Panamá, la Contraloría General de la República informó que, el pasado 7 de mayo, decidió retirar temporalmente a su equipo de fiscalización asignado a esa casa de estudios.
La medida, según la entidad, busca salvaguardar la integridad de sus funcionarios, quienes fueron expuestos a riesgos durante las manifestaciones registradas en el recinto universitario. El personal fue reubicado en las oficinas de Plaza Edison, hasta que existan condiciones seguras para retomar las labores en el campus.
Previamente, la Contraloría había endurecido el control del gasto de la Universidad de Panamá.
Otro choque entre la Universidad y la Contraloría ha sido el refrendo de contratos.
En relación con los contratos para la compra de alimentos por parte de la Universidad, el contralor general, Anel Flores, defendió la decisión de no refrendar dichos documentos.
Afirmó que, ante la suspensión de clases presenciales y los daños reportados a equipos de laboratorio, no existen condiciones que justifiquen estas contrataciones.
La Contraloría, aseguró, está obligada a velar por el correcto uso de los recursos del Estado y a no validar procesos administrativos en contextos que carecen de regularidad operativa.
El llamado
Flores también recalcó que la responsabilidad de restablecer el orden en la Universidad de Panamá recae directamente sobre su administración, encabezada por el rector Eduardo Flores. El funcionario recordó que la universidad debe garantizar las condiciones mínimas para que los recursos públicos se utilicen con transparencia y dentro del marco legal. Solo bajo esas garantías podrán reanudarse los procesos de fiscalización y refrendo por parte del ente contralor.
En este contexto, la Contraloría anunció que adoptará una postura aún más rigurosa con respecto al manejo de fondos públicos en la institución académica. Se reforzarán los controles, elevando el nivel de exigencia en todos los procedimientos administrativos relacionados con el uso del dinero estatal. La entidad subrayó que su labor tiene como objetivo proteger los intereses del Estado y asegurar que los recursos lleguen de manera efectiva a los estudiantes y al desarrollo institucional.
A través de un comunicado oficial, reafirmó que continuará cumpliendo sus funciones constitucionales en defensa del patrimonio público, sin ceder ante presiones externas ni escenarios de inestabilidad que puedan comprometer su labor fiscalizadora.
La resolución
Recientemente, una resolución firmada por el contralor modificó las facultades de refrendo sobre los gastos fiscalizados por los funcionarios asignados a la Universidad de Panamá.
Mediante la Resolución No. 1510-DNFG, del 23 de abril de 2025, se dejó sin efecto un acuerdo anterior —la Resolución No. 345-DNFG, del 4 de febrero del mismo año— que permitía a coordinadores y supervisores de fiscalización en la Universidad de Panamá refrendar compras o gastos de hasta 50 mil dólares. Esto implica que, a partir de abril, todos los gastos deben ser aprobados por la Dirección Nacional de Fiscalización General, una oficina central de la Contraloría.
Debido a ello, el rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, subrayó que el funcionamiento de la institución enfrenta serias dificultades debido al retraso en los trámites de refrendo por parte de la Contraloría General de la República.
Según datos proporcionados por la casa de estudios, en el último mes y medio se han acumulado 1,450 trámites pendientes de refrendo, de los cuales 700 reposan en la Coordinación Regional y 750 en la sede central de la Contraloría.
El nuevo procedimiento obliga a que casi todos los documentos —excepto los provenientes de las facultades de Ciencias Agropecuarias y Medicina— deban pasar primero por la Coordinación Regional y luego ser remitidos a la sede central, duplicando los tiempos de gestión.
Ante este panorama, la Universidad de Panamá ha solicitado formalmente al contralor que restablezca la Oficina de Control Fiscal en su campus, eleve el monto de refrendo directo a $50,000 y acelere la validación de los trámites en curso, a fin de evitar mayores afectaciones operativas.
