Las diferencias entre la Contraloría General de la República (CGR) y la bancada de Vamos se profundizan.
Las partes ni siquiera concuerdan respecto a la cantidad de funcionarios de la Asamblea Nacional (AN) que no está recibiendo su salario y que labora en los despachos de los diputados independientes.
La CGR asegura que “únicamente” son siete los funcionarios que están en “licencia sin sueldo por investigación”. Vamos replica que hay 34 más y que ninguno de ellos solicitó licencia alguna; todos se mantienen laborando y gratis, porque ya saben que no van a cobrar.
‘Únicamente siete’
La mañana de este miércoles 22 de abril, la CGR emitió un comunicado para explicar que siete funcionarios del Legislativo tienen el salario suspendido “como parte de procesos de verificación e investigación iniciados desde la segunda quincena de marzo”. Advierte que el resto del personal de la AN ha recibido su pago de forma regular.
Según la Contraloría, la decisión se sustenta en el Decreto 90-2019-DNMySC, adoptado el 2 de diciembre de 2019, el cual establece que la licencia sin sueldo por investigación es una acción administrativa aplicada para verificar el cumplimiento de funciones y el uso adecuado de los recursos del Estado.
“No es una sanción, sino un mecanismo que permite realizar investigaciones con transparencia y respetando el debido proceso”, indicó la institución.
La CGR anuncia que, a partir de la segunda quincena de abril, la medida de licencia sin sueldo por investigación será aplicada “formalmente”, conforme al “marco normativo vigente”, y se extenderá a los funcionarios bajo evaluación.
¿Eso qué significa? Si el comunicado indica que la disposición “será aplicada de manera formal”, entonces, ¿cómo se está implementado ahora? ¿De manera informal?
El comunicado también menciona que ya el año pasado se aplicó la licencia sin sueldo por investigación en los despachos de otros diputados, “sin distinción política”. No se precisa cuáles serían esos supuestos despachos, pero el año pasado ni un diputado protestó, como sí está haciendo Vamos ahora.
Supuestamente, los funcionarios afectados no firman la lista de asistencia. La Contraloría remarca que las excepciones deben ser autorizadas por el presidente y el secretario general de la AN.
Lo de la inasistencia es un señalamiento ampliamente refutado por los diputados. Brenes incluso probó que su personal registra su asistencia con una huella digital.
La Contraloría no ha hecho caso a estas explicaciones y sostiene que cuando termine la etapa de “verificación”, aquellos casos que no cuenten con sustento serán remitidos “a las instancias correspondientes para determinar responsabilidades”.
La entidad señala que el comunicado pretende dar respuesta a los diputados Roberto Zúñiga y Luis Duke, quiénes públicamente han solicitado explicaciones, aunque hay más miembros de Vamos con reclamaciones idénticas.
De hecho, el día antes, varios miembros de la bancada independiente hablaron en conferencia de prensa y aseguraron que la Contraloría estaría utilizando la figura administrativa como una forma de presión política.
Hay muchos más
Los siete funcionarios a los que alude el comunicado de la CGR laboran en los despachos de Duke, Alexandra Brenes y Jhonathan Vega. Duke confirmó que no reciben salario desde marzo pasado.
No obstante, afirmó que la afectación se extiende a por lo menos 34 funcionarios adicionales. Y ya no son solo de los despachos de Duke, Brenes y Vega; también hay personal de Janine Prado, Roberto Zúñiga, Yamirelis Chong, Eduardo Gaitán y Augusto Palacios.
Esta lista se ha incrementado conforme avanzan las horas. Prado, por ejemplo, hizo la consulta en el sitio digital después de Duke y ya eran 43.
En la proforma aparece que el estado laboral es “licencia sin sueldo eventual”. El renglón donde debe aparecer la firma del solicitante está en blanco. Tampoco se indica cuál es la fecha de retorno, como estipula el Decreto 90-2019-DNMySC al que alude la Contraloría en su boletín.
Jamás me negaré a una auditoría de la Contraloría ni de ninguna institución competente, siempre que sea apegada a la ley; de hecho, siempre hemos entregado la información solicitada. Sin embargo, en esta ocasión no hubo solicitud de información.
— Yamireliz Chong (@YamirelizChong) April 22, 2026
Cuatro personas de mi equipo… https://t.co/CfhAky3qjL
Estos 34 funcionarios ya saben que, a partir de la próxima quincena, no recibirán su salario, porque el pasado martes se percataron que en la proforma que está en el sitio web de la Contraloría han anotado que ellos también están con licencia sin sueldo.
‘El DENI y el G2′
El diputado Zúñiga arremetió contra el contralor Anel Flores, al afirmar que la Contraloría “dejó de ser un ente de fiscalización y se convirtió en un ente de extorsión”, y sostuvo que actúa como “el DENI y el G2 de la actualidad”, al supuestamente presionar a diputados mediante licencias sin sueldo impuestas a su personal.
Zúñiga cuestionó además que la situación ocurra en medio del debate del proyecto de ley que promueve el uso del bioetanol anhidro, al que su bancada se opone, y calificó la medida como un acto de persecución.
Flores tendría algún interés en ese proyecto, ya que su familia es propietaria de un ingenio azucarero.
Por su parte, el diputado Duke señaló que se estarían vulnerando derechos laborales y la institucionalidad de la Asamblea, al considerar que el personal eventual no puede ser colocado en licencia sin sueldo bajo los criterios expuestos.
Que el presidente @JoseRaulMulino aplauda las acciones del contralor de la República, el extorsionador, evidencia una vez más el poco respeto que existe por nuestra Constitución y por el pueblo panameño.
— Luis “Lucho” Duke (@LuchoDuke) April 22, 2026
No voy a votar a favor del BIOETANOL. Por más medidas de presión que hagan,…
Duke recalca que ni un funcionario asignado a los despachos de Vamos ha solicitado licencia sin sueldo, por lo que la Contraloría adoptó esa decisión de forma unilateral y sin avisar a nadie, lo que limitaría el derecho de los afectados a defenderse.
Zúñiga remarca que así como el funcionario es el único que tiene derecho a solicitar la licencia, la entidad nominadora (que, en este caso, es la Asamblea) es la única que puede concederlo, conforme está establecido en la Ley de Carrera Administrativa.
