Una nueva resolución, firmada por el contralor general de la República, Anel Flores, modificó las facultades de refrendo sobre los gastos fiscalizados por los funcionarios asignados a la Universidad de Panamá.
Mediante la Resolución No. 1510-DNFG, del 23 de abril de 2025, se dejó sin efecto un acuerdo anterior —la Resolución No. 345-DNFG, del 4 de febrero del mismo año— que permitía a coordinadores y supervisores de fiscalización en la Universidad de Panamá refrendar compras o gastos hasta por 50 mil dólares.
Esto significa que, a partir de abril, todos los gastos deben ser aprobados por la Dirección Nacional de Fiscalización General, una oficina central de la Contraloría.
Esa misma dirección puede refrendar “sin límite de cuantía” los pagos de planilla, siempre que los documentos cumplan con las disposiciones legales vigentes.
La resolución establece una excepción importante: las facultades de Medicina y de Ciencias Agropecuarias no estarán sujetas a esta nueva medida. En esos casos, los actos de manejo de fondos y bienes públicos solo podrán ser refrendados hasta el límite de 50 mil dólares.
El documento se sustenta en el artículo 55 de la Ley 32 de 1984, reformada por la Ley 351 de 2022, que otorga al contralor la facultad de delegar algunas de sus atribuciones.
La resolución fue firmada por el contralor Anel Flores y el secretario general Ventura E. Vega, y ordena su publicación en la Gaceta Oficial para su entrada en vigencia.
Cuestionan medida
El presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Panamá, José Álvaro, advirtió que los retrasos en el refrendo de documentos por parte de la Contraloría General están afectando el funcionamiento diario de la institución.
Álvaro explicó que el traslado de los trámites a la sede central de la Contraloría ha generado un “letargo” en la etapa de fiscalización, lo que mantiene paralizadas solicitudes clave para la operación de cafeterías, la compra de equipos de laboratorio y el pago de compensaciones a docentes que viajan a zonas apartadas. “Hay documentos con más de 30 días sin refrendo”, aseguró.
Además expresó su preocupación por el impacto directo en la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.
