La Contraloría General de la República ha decidido llevar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el contrato entre el Estado panameño y Panama Ports Company (PPC).
Este miércoles, el contralor Anel Flores anunció la presentación de dos demandas ante la Corte Suprema de Justicia: una de inconstitucionalidad y otra de nulidad, ambas relacionadas con el acuerdo que, desde hace más de dos décadas, rige la operación de los principales puertos del país en manos de esa concesionaria privada. “Vimos muchísimas irregularidades”, afirmó.
Las acciones legales se sustentan en los hallazgos de una auditoría practicada a la empresa, en la que —según Flores— se documentaron prácticas lesivas para los intereses nacionales.
“No solamente era un contrato malo, sino leonino, abusivo contra los intereses del país”, sentenció el contralor. Agregó que es deber de su despacho defender los fondos públicos y actuar con firmeza cuando se identifiquen posibles perjuicios económicos.
En la misma línea, el contralor recordó que existen reportes internacionales sobre transacciones multimillonarias en torno a activos vinculados a Panama Ports, en distintos países, sin que la República de Panamá —propietaria de los puertos de Balboa y Cristóbal— esté contemplada en esos movimientos.
“Creo que estamos muy claros de que ahí están hablando de transacciones... que no incluyen a la República de Panamá”, dijo, sugiriendo que se estarían negociando activos nacionales al margen del Estado.
Durante más de veinte años, distintas administraciones han sido cuestionadas por la falta de transparencia en la ejecución del contrato con la empresa portuaria, y por los bajos aportes recibidos en comparación con la magnitud de las operaciones.
Firmado en 1997 durante la administración de Ernesto Pérez Balladares, el contrato entre el Estado panameño y PPC otorgó a esta última la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal por 25 años, con opción de renovación automática.
Esa renovación se concretó en 2021, bajo el gobierno de Laurentino Cortizo, extendiendo la concesión hasta 2047 sin una renegociación formal. Aunque PPC alegó haber cumplido con los requisitos establecidos en el acuerdo original, diversos sectores han criticado que la renovación se haya ejecutado sin mayor discusión pública ni revisión de términos, pese al creciente malestar por los bajos aportes percibidos por el Estado frente al volumen de operaciones de los puertos.
Para Flores, la relación con PPC ha sido “perjudicial”, y su gestión busca corregir un daño histórico. “Los panameños no estamos de acuerdo ni complacidos con lo que ha vivido el país”, afirmó, visiblemente enfático.
La esperanza del contralor es que la Corte Suprema admita ambas demandas “prontamente” y que el proceso judicial arroje resultados que atiendan el clamor de la ciudadanía.
Negociaciones
Este anuncio ocurre en medio de la posible entrada de la naviera estatal china Cosco al conglomerado liderado por BlackRock que busca adquirir 43 puertos de CK Hutchison, un tema que ha encendido nuevas alertas en el ámbito geopolítico y comercial.
De acuerdo con información revelada esta semana por Bloomberg, Cosco estaría solicitando derecho de veto o un poder equivalente dentro de la estructura de la nueva entidad operadora, lo que supondría una influencia directa en decisiones estratégicas de la red portuaria, incluidos los puertos panameños de Balboa y Cristóbal.
El interés de la firma china surge en un momento de creciente hermetismo entre las partes involucradas. Reuters confirmó que, ante las solicitudes de comentarios oficiales, ni BlackRock, ni CK Hutchison, ni COSCO ni MSC han ofrecido declaraciones.
El silencio de los gigantes corporativos solo ha incrementado la incertidumbre sobre el destino de las terminales marítimas panameñas, cuya operación está actualmente bajo la concesión de PPC, filial del conglomerado asiático CK Hutchison.
Mientras se desarrollan estas negociaciones internacionales, la Contraloría ha reiterado que la concesión otorgada a PPC ha significado pérdidas para el Estado por al menos 1,337 millones de dólares. El informe de auditoría publicado en abril reveló irregularidades y condiciones contractuales desventajosas, lo que motivó la presentación de las demandas mencionadas anteriormente.
En este contexto, la posible incorporación de Cosco al negocio no solo añade complejidad financiera, sino también un componente geopolítico que podría alterar la relación de Panamá con sus principales socios estratégicos.
