La Contraloría General de la República advirtió que ‘revisará y actuará’ sobre las decisiones administrativas que adopte la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), en momentos en que la administración saliente avanza con el otorgamiento de permanencias a más de 100 funcionarios.
La medida ha generado cuestionamientos por el momento en que se adopta, a pocos días de que concluya la administración que encabezó la universidad durante los últimos 13 años, y porque solo unos 100 funcionarios serían beneficiados, pese a que más de 300 cumplirían con los requisitos para obtener la permanencia.
Consultado por La Prensa, el contralor Anel Flores señaló que la Contraloría acompañará y apoyará a la universidad dentro de sus competencias, pero recordó que las decisiones administrativas corresponden a la Unachi y deben estar sustentadas en la ley.
“Una vez adoptadas esas decisiones, la Contraloría revisará y actuará”, indicó Flores, quien precisó que la entidad fiscalizadora procederá conforme a lo que legalmente corresponda.
El cuestionado proceso
El proceso ocurre en la recta final de la administración saliente y a pocos días de que Absel Navarro asuma la rectoría, el próximo 31 de agosto.
La decisión del rector saliente, Pedro González, también llama la atención porque el derecho a la permanencia fue establecido hace cuatro años mediante la Ley 292, aprobada en 2022, pero no fue aplicado de manera general durante la gestión de Etelvina Medianero de Bonagas, quien estuvo al frente de la institución durante 13 años.
Ahora, más de 300 funcionarios cumplirían las condiciones para acceder a ese derecho, pero solo unos 100 serían incluidos en esta etapa. Según fuentes consultadas, una parte importante de los seleccionados estaría vinculada con la estructura política que respaldó, en su momento, a Medianero de Bonagas.
Navarro, uno de los candidatos más críticos de la pasada gestión y rector electo de la Unachi, cuestionó el proceso y advirtió que el otorgamiento de las permanencias no debería responder a criterios políticos.
Según el rector electo, el problema no está en reconocer un derecho a los trabajadores, sino en hacerlo de manera selectiva. “Ahora, como se les acabó el tiempo, lo quieren hacer a velocidad y para blindar a lo que ellos prefieran en cuanto a esos criterios políticos”, afirmó.
La visita del contralor
La controversia se produce, además, en medio de los cuestionamientos que Flores ha formulado sobre la administración de la Unachi. El pasado viernes 21 de agosto, el contralor realizó una visita de “cortesía” a la universidad y recorrió sus instalaciones acompañado por González.
La visita ocurrió mientras la Contraloría mantiene la atención sobre el manejo administrativo y el tamaño de la planilla de la institución. Actualmente, la Unachi tiene más de 2,000 funcionarios entre administrativos y docentes, con un costo aproximado de $6 millones mensuales para el Estado.
El tamaño de la planilla ha sido uno de los principales puntos de cuestionamiento sobre las finanzas de la universidad y ha motivado investigaciones y auditorías sobre su administración.
