El contralor general de la República, Anel Flores, anunció este lunes 7 de septiembre que firmó una nota para suspender la compra de vehículos nuevos en las entidades del Estado, salvo en casos de “urgencia notoria”.
Dijo que la nota será remitida al ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman.
“Tenemos 32,000 vehículos en el Estado, de los cuales calculo yo que pueden haber 5,000 en chatarra”, anunció Flores ante los diputados de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. El contralor acudió este lunes a sustentar el presupuesto de esa entidad para la vigencia fiscal 2027, proyectado en $145 millones.
Explicó que la suspensión de la compra de automóviles tiene el propósito de poner un “freno”, mientras se realiza un análisis sobre la forma en que el Estado administra y mantiene su flota.
Según el contralor, buena parte del problema es por la falta de talleres y los procesos burocráticos para reparar los vehículos. Un automóvil puede quedar fuera de circulación durante meses por una falla menor, como una batería o un alternador, hasta terminar deteriorándose y convertirse en una pérdida para el Estado.
“Mientras usted hace todo el trámite para buscar la manera de reparar ese carro, pasan los seis meses”, explicó.
El contralor también aprovechó el momento para cuestionar que el Estado continúe comprando vehículos sin resolver primero los problemas con su mantenimiento.
Aseguró que la Contraloría, que cuenta con una flota de unos 230 vehículos, no ha comprado unidades nuevas desde que asumió el cargo. La última adquisición, dijo, fue de 200 vehículos Hyundai Creta. En alquiler, añadió, tiene siete vehículos.
Alquiler de vehículos
Durante la sustentación, el diputado José Pérez Barboni, de la bancada Seguimos, preguntó a Flores si también se había considerado establecer límites al alquiler de vehículos por parte de las instituciones.
El contralor respondió que está realizando “corridas financieras” para determinar qué modelo resulta más conveniente para el Estado: comprar o alquilar. Puso como ejemplo su experiencia en la empresa privada, donde, según dijo, optan por el alquiler (leasing) con mantenimiento, peajes en los corredores y seguro incluidos.
Flores consideró que el alquiler podría permitir al Estado mantener una flota activa sin que tenga que asumir los costos y trámites por las reparaciones. Si una institución requiere, por ejemplo, 100 vehículos y cinco están fuera de servicio, el proveedor tendría que reemplazarlos inmediatamente.
A su juicio, también debe establecerse qué tipo de vehículo corresponde a cada institución según las funciones que desempeña. Mencionó al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), que por sus labores puede requerir vehículos de doble tracción, frente a otras entidades que podrían usar sedanes.
“Hay que categorizar por gama y por institución”, sostuvo.
Uso de vehículos oficiales
La diputada Yamireliz Chong, de la bancada Vamos, preguntó por las diferencias en los precios que paga el Estado por vehículos similares.
Chong señaló que durante las vistas presupuestarias en la Comisión de Presupuesto, han encontrado casos en los que una misma camioneta, por ejemplo, una Toyota Prado, se alquila a una institución en unos $2,700 mensuales y a otra en $3,700.
También cuestionó que, en algunos casos, el Estado termine pagando en pocos años un monto que, en alquiler, supera el valor de la camioneta en el mercado. Planteó, además, revisar las normas sobre los vehículos asignados a funcionarios y las llamadas “líneas amarillas” o franjas que deben portar.
“¿Por qué uno sí es auditado a ver si el sábado se va a la playa y el otro no?”, preguntó la diputada.
El contralor respondió que esas reglas que permiten asignaciones a ministros y directores son de vieja data. No obstante, aseguró han comenzado a reducir las llamadas placas encubiertas.
“Créame, honorable, a mí también me molesta ver los cinco carros esperando a alguien que no sabemos ni quién es en un restaurante con el carro prendido”, dijo Flores.
No obstante, justificó que algunos “altos” funcionarios tengan vehículos oficiales por la naturaleza de sus funciones. “Yo ando con un carro, un chofer y un escolta en un carro normal”, afirmó.
Por su parte, el diputado Luis Duke, de Vamos, preguntó si la nota que firmaría para frenar el la compra de carros “es vinculante en las diferentes instituciones”.
Flores respondió de inmediato y de forma breve: “En efecto, si no se refrenda la compra, no hay contrato de compra”.
“Simplemente no hay carro nuevo”, remarcó.
