Contralor acusa al personal de la Asamblea de hacer ‘planas’ con la lista de asistencia; Vamos le llama ‘mentiroso’

Flores sostuvo que, cuando existen sospechas de incumplimiento del horario laboral por parte de funcionarios públicos, la institución está obligada a intervenir. Janine Prado replicó que en la Contraloría ni siquiera hay expedientes abiertos.

Contralor acusa al personal de la Asamblea de hacer ‘planas’ con la lista de asistencia; Vamos le llama ‘mentiroso’
Anel Flores, juntos a los diputados de Vamos, Luis Duke y Roberto Zuñiga. Archivo

El contralor Anel Flores mantiene abiertas las “investigaciones” contra funcionarios de la Asamblea Nacional (AN) a quienes —de manera unilateral y sin consultar a nadie— concedió una “licencia sin sueldo” indefinida.

Ahora Flores alega que adoptó la medida -que ha sido señalada como violatoria de la ley de carrera administrativa- porque sospecha que esos funcionarios no cumplen el “horario” de trabajo y, por tanto, la Contraloría se vio obligada a “intervenir”, ya que -según él- podría configurarse un posible peculado de uso.

“El panameño que se para a las tres de la mañana para llegar a tiempo a su trabajo y marcar su entrada... ¿por qué no lo pueden hacer estos señores nombrados por diputados?”, cuestionó Flores este viernes 8 de mayo.

Al respecto, el diputado Jorge Herrera, presidente de la Asamblea Nacional (AN), ha explicado que en el Legislativo no existe “un formato único obligatorio” aplicable de manera uniforme a los despachos de los diputados.

Todos los funcionarios afectados laboran en despachos de diputados de Vamos, un bancada que abiertamente ha cuestionado varias decisiones adoptadas por Flores desde que tomó posesión del cargo, en enero de 2025, y que ya presentó una denuncia en su contra por “extralimitación de funciones”. Por cierto, Flores fue designado contralor con los votos de Vamos.

Flores recordó que, el año pasado, la Contraloría emitió una circular en la que ordenó que todos los funcionarios de la Asamblea Nacional registraran digitalmente su asistencia mediante un sistema de relojes biométricos.

No obstante, en el Reglamento de Administración de Recursos Humanos de la Asamblea, adoptado en el año 2010, consta que el registro obligatorio de la asistencia del personal podrá llevarse a cabo a través de reloj, pero también con lista “o cualquier otro medio, previamente notificado, que asegure la veracidad de las horas de entrada y de salida de los servidores públicos”.

El contralor insistió este viernes que, en inspecciones realizadas, los auditores detectaron irregularidades en algunos despachos, donde, en lugar del marcaje digital, se utilizaban las llamadas “planas”: hojas de papel en las que los funcionarios firmaban de una sola vez los 26 días laborables del mes.

Afirmó que ese mecanismo era precisamente uno de los aspectos que Vamos criticaba cuando señalaba presuntas irregularidades cometidas por partidos tradicionales. “Las planas” —agregó— eran utilizadas para justificar asistencias sin controles reales, práctica que históricamente ha sido asociada a las denominadas “botellas” dentro del aparato estatal.

Este supuesto hallazgo ha sido desmentido por la diputada Janine Prado, que el año pasado era la jefa de bancada de Vamos, y por el exdiputado Juan Diego Vásquez, presidente del movimiento.

Prado dijo que el contralor era un “mentiroso” y que cuando ella se ha acercado a la Contraloría a pedir información, nadie sabe responder por la investigación o los hallazgos a los que alude el contralor.

“Usted tiene un expediente vacío del que no ha querido entregar copia”, escribió Prado en X.

Por su parte, Vásquez prometió que si aparece una “botella” contratada por Vamos, él mismo presentará la denuncia.

Flores tampoco ha respondido por qué los 43 funcionarios que están en “licencia sin sueldo por investigación” curiosamente laboran únicamente en los despachos de los diputados de Vamos, bancada que, además, mostró una férrea oposición a un proyecto de ley que adoptaba el uso del bioetanol anhidro, una actividad económica que había despertado el interés del ingenio azucarero que él presidió hasta noviembre de 2024 y que ahora manejan su hermano y sus hijos.

Nomenclatura

A los cuestionamientos de que solo la entidad nominadora (en este caso) podía autorizar las licencias (con o sin sueldo), Flores replicó que, dentro de la “nomenclatura administrativa” de la Contraloría, la medida aplicada corresponde a una “licencia sin sueldo por investigación”, aunque, al momento de publicarse en los registros oficiales, el texto aparece abreviado por limitaciones de espacio.

Otro detalle es que la ley impide que un funcionario eventual se acoja a una licencia. Los 43 afectados son trabajadores eventuales.

Igualmente, al conceder una licencia, se debe especificar la fecha de reintegro. Nadie sabe cuándo, en teoría, estos funcionarios deberán retornar a sus puestos de trabajo, aunque, en la práctica, todos sigue laborando, aunque no cobran el salario que les corresponde.

“Ellos están aquí hoy. A pesar de que no tienen certezas, están aquí trabajando. Eso tiene que saberlo el país”, expresó Roberto Zúñiga, jefe de bancada de Vamos, en una entrevista previa con La Prensa.

La fracción legislativa exige el pago inmediato de los salarios retenidos y recuerda que la figura bajo la cual estos funcionarios laboran tiene respaldo legal desde antes de que comenzara la actual administración.

“Pedimos nuevamente que, por favor, se les restituya el salario a nuestros trabajadores y que inmediatamente se les aplique una figura que ya se les ha dado desde hace mucho tiempo, incluso desde el 30 de diciembre de 2019”, señaló Zúñiga.

Que hable Herrera

El jefe de bancada, además, emplazó al diputado presidente Jorge Herrera a intervenir en la disputa y contribuir a destrabar la controversia.

Herrera, hasta ahora, ha dicho poco sobre el tema y, que se sepa, no ha hablado de este tema directamente con Flores. No obstante, sostuvo que la Dirección de Recursos Humanos de la Asamblea certificó que no se ha tramitado ni autorizado licencia sin sueldo alguna respecto de esos funcionarios, “por lo que no existe actuación administrativa de esta institución que sustente la adopción de dicha medida”.


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