El Consejo de Gabinete aprobó la declaratoria de estado de emergencia para atender las afectaciones ocasionadas por el terremoto de 7.5, registrado el viernes 9 de octubre en Panamá, informó el ministro de Gobierno, Juan Carlos Orillac.
La medida busca coordinar la asistencia a las comunidades afectadas y atender los daños en viviendas, centros educativos, instalaciones de salud y otras infraestructuras.
También se anunció la conformación de una comisión para organizar la ayuda humanitaria y coordinar la reparación y reconstrucción de las estructuras afectadas.
Orillac explicó que el Ministerio de Gobierno, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y otras dependencias se mantienen desplegados en las zonas afectadas para recibir solicitudes de asistencia y coordinar la respuesta institucional.
La subdirectora general de Sinaproc, Malitzie Rivera, informó que, hasta la hora de la conferencia de prensa de este sábado, no se habían reportado víctimas fatales.
Sin embargo, alrededor de 27 personas habían resultado lesionadas, con heridas de leves a moderadas, y fueron trasladadas a centros médicos para recibir atención.
El balance también contabilizaba 21 instalaciones de salud afectadas. Según Rivera, ingenieros, arquitectos y especialistas en estructuras ya trabajaban en la evaluación de estos establecimientos para determinar las medidas necesarias y facilitar una respuesta a las comunidades.
En cuanto a las viviendas, Sinaproc había evaluado más de 426 residencias con afectaciones de distinta gravedad, desde daños leves hasta casos de destrucción total.
Las provincias de Herrera, Los Santos y Veraguas figuran entre las zonas donde se ha registrado una mayor cantidad de viviendas afectadas, según el informe de Sinaproc.
En Veraguas, la situación también alcanzó zonas insulares. En isla de Cañas, el incremento del nivel del agua obligó a evacuar a unas 300 personas, quienes, de acuerdo con las autoridades, se encontraban bajo resguardo al momento de la conferencia.
Sinaproc indicó que a estas comunidades se les estaba haciendo llegar asistencia humanitaria, medicamentos y otros suministros necesarios para atender a la población evacuada.
También se reportaron afectaciones en las provincias de Panamá, Chiriquí y Bocas del Toro, así como en las comarcas Ngäbe-Buglé y Emberá. En estas áreas se identificaron daños en centros educativos y algunas viviendas.
Desde las primeras horas posteriores al terremoto, las instituciones de respuesta habían iniciado el traslado y la distribución de agua, alimentos y artículos de primera necesidad para atender a las comunidades impactadas.
Además de la asistencia material, las autoridades informaron que se estaba coordinando apoyo psicológico para las personas afectadas y atención específica para la población con discapacidad.
El ministro de Educación, Ventura Vega, informó que alrededor de 419 centros educativos habían sido reportados con afectaciones tras el terremoto.
El funcionario explicó que la decisión de suspender las clases a nivel nacional, adoptada el viernes, respondió a la necesidad de proteger a estudiantes, docentes, padres de familia y personal administrativo mientras se evaluaba la situación.
Explicó que deberá determinar si las clases se reanudan en todo el país o si la suspensión se mantiene en determinadas regiones. Vega indicó que la decisión se evaluaría para el lunes y que el anuncio se realizaría entre este sábado y las primeras horas del domingo.
El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, informó que se habilitaron ocho helicópteros y cuatro aeronaves para facilitar el traslado de personal especializado y ayuda humanitaria hacia las zonas afectadas.
El Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME) reforzó la atención en los hospitales de Penonomé y Aguadulce con 15 paramédicos y técnicos de urgencias médicas, según el informe oficial.
Cerca de 400 agentes del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), equipados para estas labores, se trasladaron a Penonomé para apoyar las acciones de respuesta y reforzar la atención en esa ciudad.
El ministro de Vivienda, Jaime Jované, informó que el objetivo es identificar cuáles viviendas pueden ser reparadas y cuáles requieren una reconstrucción o la construcción de nuevas unidades habitacionales.
Jované explicó que las viviendas con daños menores deberán contar con una certificación coordinada con el Sinaproc para determinar si pueden volver a ser habitadas.
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, informó que una vez que las instituciones completen las evaluaciones y documenten sus necesidades, deberán presentar las solicitudes correspondientes al MEF, que se encargará de revisar los requerimientos.
Aseguró que Panamá cuenta con recursos para responder a los daños y atender las necesidades más urgentes de la población.
Chapman también aclaró que la atención de esta emergencia es distinta a la de otros casos y señaló que, por ejemplo, la situación del fenómeno de El Niño, que se atiende con cargo al Presupuesto General del Estado.
