En su más reciente reunión con la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), el presidente electo, José Raúl Mulino, dejó claro que su administración se enfocará en una drástica reducción del presupuesto de la Asamblea Nacional.
En gran medida, fue la bancada del PRD la responsable de inflar el presupuesto del Legislativo durante el quinquenio 2019-2024, tomando decisiones clave que aumentaron significativamente el gasto. Esta misma bancada optó por discutir a puerta cerrada los traslados de partida y los créditos extraordinarios en la Comisión de Presupuesto, presidida por el diputado Benicio Robinson, de manera opaca y sin la presencia de los medios de comunicación.
Como lo advirtieron diversos sectores de la sociedad civil, el resultado de ese manejo ha sido nefasto para las finanzas públicas. Informes de ejecución presupuestaria del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a los que tuvo acceso La Prensa, indican que en los últimos cinco años la Asamblea Nacional ha gestionado $950.6 millones en presupuesto.
La estrategia de los responsables de este órgano del Estado consistió en solicitar un monto específico como presupuesto inicial y, transcurridos algunos meses, pedían mucho más a través de créditos o traslados de partidas, que se aprobaban ellos mismos.
Los detalles
Por ejemplo, en 2020, el presupuesto inicial aprobado para la Asamblea fue de $99.6 millones, pero al cierre del año, el gasto ascendió a $164.9 millones. Esta tendencia continuó en los años siguientes: en 2021, el presupuesto pasó de $107.1 millones a $200.9 millones, en 2022 de $143.9 millones a $230.5 millones, en 2023 de $150 millones a $188.9 millones y en 2024 de $150 millones a $165.4 millones, con datos actualizados hasta mayo.
La sumatoria de lo gastado por la Asamblea Nacional en estos ejercicios fiscales alcanza los $950.6 millones, y el año 2024 todavía no termina, lo que representa una cifra sin precedentes en las últimas décadas.
Si lo ponemos en perspectiva, lo destinado a la Asamblea en este último lustro es más de 22 veces el presupuesto de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt), que puede enfrentar recortes, y equivale a la construcción de 95 escuelas públicas de excelencia, cada una a un costo de $10 millones.
La planilla
La mayor parte del presupuesto de la Asamblea Nacional se destina a gastos operativos. Por ejemplo, de los $230.5 millones gastados en 2023, $201.9 millones se usaron para funcionamiento, renglón que abarca, entre otras cosas, el pago de planilla. Mientras que $28.6 millones se utilizaron en el rubro de inversión.
Es decir, un 87.5% se destina a funcionamiento.
Según la Contraloría General de la República, en la Asamblea Nacional laboran unos 4,200 funcionarios, entre permanentes y eventuales, y es la entidad estatal con más asesores: tiene unos 400 con ese cargo que cuestan, en total, $14 millones al año.
Se trata de un incremento radical del 408% si se toma en cuenta que en 2010, hace 13 años, había 81 asesores en ese órgano del Estado cuyo costo anual era de $1.9 millones.
Los salarios entre los asesores de la Asamblea varían: ganan entre $800 y $5,000. Incluso están divididos por categorías. Por ejemplo, están el “asesor legal” y el “asesor I y II”. También están el asesor financiero y el técnico especializado.
Diputados independientes como Juan Diego Vásquez y Edison Broce han cuestionado esta práctica. De hecho, Vásquez ha indicado en su momento que la cantidad de asesores que tiene la Asamblea Nacional no se compadece con la realidad que hemos visto.
También organizaciones como la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, han levantado su voz contra estos elevados gastos y la opacidad dentro de la Asamblea Nacional.
Mala calificación
A esto hay que agregar que la Asamblea Nacional sigue estando en los últimos lugares del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa 2023 (ILTL): quedó en el puesto 10 de 14 países evaluados y obtuvo una calificación de 38.93%, en una escala donde 0 es opaco y cerrado, y 100% es transparente y abierto.
En 2020, el país también quedó en el puesto 10, con una nota de 35.2%, y aunque esta vez obtuvo una leve mejora en la calificación (38.93%), no logró entrar al grupo de países que están por encima del promedio regional (42.13%), puntaje que sí lograron Chile, Perú, Costa Rica, México, Paraguay, Argentina, Colombia y Ecuador. El informe fue presentado en abril de este año.