El diputado independiente Ernesto Cedeño encendió el debate en la Asamblea Nacional este jueves 4 de septiembre al revelar que 14 instituciones públicas pagan, con fondos estatales, seguros privados de salud a sus funcionarios.
La cifra suministrada a Cedeño por la Contraloría, según dijo, refleja una desigualdad dentro del aparato estatal.
Entre las entidades mencionadas por Cedeño figuran el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el Banco Nacional de Panamá, el Cuerpo de Bomberos, la Contraloría General de la República y la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa).
La lista también incluye al Ministerio de Seguridad, el Órgano Judicial, el Tribunal Electoral, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia del Mercado de Valores, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, la Fiscalía General de Cuentas, el Metro de Panamá y la Zona Libre de Colón.
La Prensa ha podido constatar y revelar en recientes publicaciones que al menos en 7 de las 14 entidades el Estado destina más de 168.9 millones de dólares a este tipo de seguros.
Para el diputado, resulta “injusto” que solo una parte de los servidores públicos cuente con este beneficio financiado por el Estado, mientras que la mayoría de los funcionarios debe costear de su propio bolsillo cualquier póliza de salud privada.
“No puede ser que existan funcionarios privilegiados y otros no, cuando todos trabajamos para el mismo país”, expresó en el pleno.
Cedeño explicó que, por este motivo, presentó un anteproyecto de ley que busca prohibir a todas las instituciones estatales destinar partidas presupuestarias al pago de seguros privados.
Insistió en que quienes deseen una póliza adicional deben cubrirla con sus propios ingresos, tal como lo hace la mayoría de los ciudadanos.
Además, subrayó que su propuesta no es un ataque personal contra los beneficiados, sino un intento de corregir un trato desigual dentro de la administración pública. “Voy a apelar a la justicia y al bien de toda la ciudadanía”, dijo, adelantando que insistirá en que el tema sea debatido en la agenda legislativa.
También el diputado de Vamos, Luis Duke, presentó una iniciativa para prohibir el pago de seguros privados con fondos públicos.
El anteproyecto
El anteproyecto de ley de Cedeño prohíbe la inclusión de partidas para seguros de salud, vida y accidentes, y extiende la restricción a municipalidades y empresas mixtas donde el Estado tenga participación.
Asimismo, contempla excepciones puntuales, como seguros obligatorios derivados de tratados internacionales, cobertura para misiones diplomáticas en el exterior y seguros de vida para estamentos de seguridad, siempre que estén debidamente justificados.
Algunas figuras públicas, como el economista y decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, Rolando Gordón; y el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Edgardo Molino Mola, se han sumado al debate sobre el hecho de que diversos funcionarios de alto rango —entre ellos magistrados del Tribunal Electoral, miembros del Órgano Judicial y personal directivo de entidades autónomas— cuenten con pólizas privadas muy superiores a las posibilidades reales del ciudadano promedio, que depende de la Caja de Seguro Social (CSS) o del Ministerio de Salud (Minsa).
“Si no quieren usar la salud pública, que ellos mismos paguen sus seguros privados”, expresó Gordón, recordando que en la Universidad de Panamá los docentes no reciben este tipo de beneficio y deben cubrir con sus propios ingresos cualquier atención en clínicas privadas.
