La Comisión Nacional Pro-Valores Cívicos y Morales de Panamá manifestó su “profunda preocupación” por la reciente decisión del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) relacionada con el establecimiento de un fondo de compensación por retiro para jueces y magistrados, contenido en el Acuerdo N.° 407 del 18 de julio de 2024.
En un pronunciamiento oficial, la organización —creada en la década de 1980 y conformada por los principales clubes cívicos del país— consideró que la medida contraviene principios de equidad, transparencia y responsabilidad fiscal que deben regir la gestión pública.
La comisión cuestionó además que la aprobación de este beneficio se haya dado en un contexto social y económico complejo, y pocos meses después de un incremento salarial para los magistrados. A su juicio, esto evidencia “una desconexión alarmante con la realidad nacional” por parte de quienes administran justicia.
La entidad recordó que, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el poder judicial se sostiene sobre la confianza ciudadana y no sobre el control de recursos o fuerzas, por lo que decisiones que impliquen beneficios económicos extraordinarios pueden socavar esa legitimidad.
En su declaración, la organización exhortó a la CSJ a reflexionar sobre el impacto de sus decisiones en la percepción pública de la integridad judicial; pidió a la Asamblea Nacional establecer mecanismos de control y normas que eviten abusos en el manejo de fondos del Órgano Judicial; y reiteró que ningún funcionario público debe estar por encima de los principios de austeridad y servicio al país.
