El presidente de la República, José Raúl Mulino, desató controversia al afirmar este jueves 16 de enero con contundencia: “No voy a pagar rescate por el secuestro en que se encuentra esa ley”, en referencia a la demora en la discusión de las reformas a la Caja de Seguro Social (CSS).
Sus palabras provocaron la reacción de los líderes de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional. Tanto su presidente, Alaín Cedeño, como la vicepresidente, Yarelis Rodríguez, respondieron al señalamiento, evidenciando la creciente tensión política en torno a una propuesta que busca resolver la crisis de uno de los pilares del sistema de seguridad social del país.
Rodríguez, diputada de la coalición Vamos, rechazó tajantemente las acusaciones de que la ley de reformas a la CSS esté “secuestrada”, como afirmó el mandatario. “Número uno, esto no está secuestrado. Estamos haciendo nuestra labor responsablemente para que salga un documento que valga la pena para la CSS, los asegurados y todos sus usuarios”, declaró.
Además, subrayó que el mandatario no tiene que “pagar absolutamente nada”. Según Rodríguez, la comisión trabaja con seriedad y en el tiempo que considera adecuado, realizando reuniones clave para avanzar en la propuesta de ley de manera consciente y consensuada.
Por su parte, Cedeño, diputado del partido Realizando Metas, recordó que la iniciativa llegó al hemiciclo de la Asamblea respaldada únicamente por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), mientras que otras 11 organizaciones expresaron no haber sido consultadas. “Lo correcto y sensato era escuchar al pueblo panameño, y por eso realizamos las consultas necesarias, un proceso que la población ha respaldado”, afirmó.
Además, explicó que, tras culminar dichas consultas, cada bancada presentó sus propuestas, las cuales fueron organizadas en bloques para su discusión y aprobación de manera ordenada y responsable.
El diputado subrayó que el proceso ha sido transparente y ágil, destacando que “de ninguna manera podíamos aprobar ese proyecto sin leerlo ni conocer lo que la población quería”.
En respuesta a las declaraciones presidenciales, aseguró que no existe ningún condicionamiento ni intercambio para la aprobación de la ley. “No hay secuestro ni estamos pidiendo algo a cambio. Todo se ha hecho con el objetivo de garantizar un documento que responda a las necesidades del país. Tenemos que aprender a vivir en democracia, y eso es la separación de los poderes”, concluyó.
