El proceso judicial que enfrentaba en Italia Adolfo Chichi De Obarrio, exsecretario privado del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) y condenado por el caso Blue Apple, y su exesposa Yvette Barsallo, llegó a su fin.
El Tribunal de Milán ordenó el archivo de la querella penal presentada por De Obarrio en 2022, en la que acusaba a Barsallo de “sustracción y retención ilícita de su hija menor de edad”.
“Hoy se cierra un capítulo: se archivó la querella que Chichi presentó en Italia”, expresó Barsallo en sus redes sociales al confirmar la decisión del tribunal italiano.
Explicó que “no tuvo conocimiento de la querella sino hasta julio de 2024” y que desde entonces se vio obligada a defenderse “entre miedo, angustia y mucho cansancio”. Según relató, “De Obarrio reclamaba 50 mil euros [$58,125 al cambio actual] en nombre de su hija —quien reside con ella en Panamá— y 25 mil euros [$29,063] para él”, alegando daños psicológicos.
Cabe resaltar que De Obarrio salió de Panamá en noviembre de 2014 y se radicó en Italia, donde permanece. Hubo un intento por extraditarlo, pero cuando fue sorprendido, en Milán, quedó libre al poco tiempo, ya que se probó que la Asamblea Nacional de Panamá nunca ratificó un tratado de extradición con Italia.
El exfuncionario fue condenado en 2023 por la juez penal Baloisa Marquínez a la pena de 120 meses de prisión por blanqueo de capitales a través de la sociedad Blue Apple, luego de que se probara que era el beneficiario final de altas sumas de dinero que le fueron entregadas, en su mayoría, en efectivo. La sentencia fue confirmada en segunda instancia, en mayo pasado.
Como pena accesoria, se le impuso el pago de 5 millones 91 mil 486 balboas con 92 centésimos, que deberá abonar al Tesoro Nacional en un plazo de 24 meses, una vez cumplida la pena principal.
Según el tribunal, se comprobó que De Obarrio, como secretario de Martinelli, utilizó tres esquemas para blanquear fondos provenientes del Programa de Ayuda Nacional (PAN), los cuales eran asignados a empresas contratistas para ejecutar proyectos como la construcción de zonas pagas y el sistema de alcantarillado de la ciudad de Chitré, provincia de Herrera.
Además, se identificó el uso de sociedades para la compra y venta de inmuebles, el uso de testaferros o intermediarios financieros para el lavado de activos, y el uso de cuentas de colecta o recaudación.
A raíz de esto, el tribunal dispuso solicitar su extradición, pero dicha gestión fracasó porque el tratado de extradición entre Italia y Panamá no ha sido refrendado por la Asamblea Nacional.
De Obarrio también se encontraba en el listado de 45 personas imputadas por peculado por la compra irregular de granos con fondos del PAN, pero el caso fue anulado en marzo de 2025 por la juez Águeda Rentería.
Rentería alegó que, en este caso, la fiscalía se excedió en el término de investigación y que no solicitó autorización del tribunal para continuar las pesquisas. Esta decisión fue apelada por el Ministerio Público.
