La Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Asamblea Nacional dio un paso que sus miembros calificaron como decisivo este miércoles 24 de septiembre: aprobar en primer debate un proyecto de ley para transformar el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).
La iniciativa, que busca borrar de raíz los privilegios y las recomendaciones políticas, propone una plataforma pública con los nombres y montos de cada beca y establece que los auxilios solo podrán llegar a quienes los merezcan por su esfuerzo académico o por la urgencia de su situación económica.
El diputado de Vamos y presidente de la Comisión de Educación, Jorge Bloise, defendió la propuesta, que en términos generales busca transparentar el otorgamiento de becas y auxilios económicos, una demanda ciudadana que ha cobrado fuerza tras múltiples denuncias de discrecionalidad en la institución.
🟢La Comisión de Educación inicia sesión para discutir temas relacionados con la regulación de la inteligencia artificial, la educación, la tecnología y otros asuntos de interés social.
— Asamblea Nacional (@asambleapa) September 24, 2025
La sesión es presidida por el H.D. Jorge Bloise. pic.twitter.com/YKEh0IBP36
Como se recordará, entre 2014 y 2024 el Ifarhu gastó 380.8 millones de dólares en auxilios económicos no reembolsables y otros programas, muchos de ellos asignados con criterios políticos.
Incluso, el exdirector de la entidad, Bernardo Meneses, fue detenido el 7 de julio de 2025 por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, tras irregularidades en la asignación de más de 260 millones de dólares en auxilios.
Los detalles
Bloise explicó que la iniciativa no elimina los auxilios económicos, pues están respaldados por la Constitución, pero sí establece restricciones claras para que solo puedan otorgarse bajo criterios de mérito académico o de necesidad socioeconómica.
Para ello, se plantea la creación de un consejo técnico que evalúe los casos, evitando que las decisiones recaigan únicamente en la discrecionalidad de un director.
El proyecto también contempla la creación de una plataforma digital en la que se publiquen los nombres de todos los beneficiarios, garantizando el acceso abierto a la información.
Según el diputado, incluso en casos de menores de edad se usará un código fuente para proteger datos sensibles, pero la lista seguirá siendo pública y verificable.
Uno de los puntos más sensibles del debate fue la exclusión de la influencia política en el acceso a becas y auxilios.
Bloise subrayó que la norma busca erradicar la práctica de exigir cartas de recomendación de diputados o de afiliación partidaria como requisito para optar por un beneficio.
“Queremos mandar un mensaje claro y contundente de que nadie debe pedir una recomendación política para poder tener una beca”, sostuvo.
La discusión
El político de Vamos recordó que el proyecto es resultado de más de un año de trabajo en la subcomisión, que reunió a cinco diputados proponentes de reformas, además de aportes del Ifarhu, la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información y organizaciones de la sociedad civil.
Tras cinco reuniones de discusión, se consolidó un documento que, según Bloise, “es robusto” y que esperan logre los votos suficientes en segundo debate.
Otro eje de la propuesta es la rendición de cuentas frente a las irregularidades denunciadas en la administración anterior.
Bloise insistió en que los millones de dólares perdidos deben ser recuperados y que quienes hayan cometido delitos “tienen que ir presos”.
La iniciativa también fija requisitos más estrictos para la designación de directores y subdirectores del Ifarhu, así como una cláusula de conflicto de interés.
Según el diputado, ningún funcionario de alto rango ni sus familiares podrán estar vinculados a empresas que ofrezcan cursos académicos o que mantengan contratos con la institución.
De hecho, recordó el caso del exdirector Bernardo Meneses, a quien señaló por vínculos con empresas favorecidas con contratos que no cumplieron lo pactado.
“Se les dio millones de dólares a programas que nunca se realizaron como tenían que realizarse de manera presencial”, denunció, advirtiendo que la nueva ley busca blindar al Ifarhu frente a estas prácticas.
Ahora, el gran desafío para otros diputados de la comisión, como Grace Hernández, es que los 71 diputados que conforman el pleno de la Asamblea respalden la iniciativa en el segundo debate. “Esperamos el apoyo de todos”, concluyó.
