El debate de un traslado de partida del Ministerio de Obras Públicas (MOP) desató un discusión a causa de Bagatrac, una de las empresas beneficiadas con la transferencia de estos fondos y cuyo principal accionista admitió haber pagado coimas en el caso Blue Apple.
El intercambio verbal se produjo cuando Luis Duke, que es diputado de Vamos y miembro de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional (AN), quiso saber si el MOP había implementado algún mecanismo antisoborno con sus proveedores y contratistas.
El ministro del MOP, José Luis Andrade, que estaba en la comisión para sustentar el traslado de $5.8 millones para repartir entre tres proyectos de infraestructura, se enfadó con la pregunta.
El diputado pidió hablar “con nombre y apellido” sobre las empresas que actualmente reciben pagos del Estado. “Tenemos aquí Bagatrac, S.A., que ya tenemos malas experiencias en el pasado”, recordó Duke.
Parte de los fondos solicitados por el MOP son para el proyecto de construcción del camino La Nobleza-Playa La Barqueta en Chiriquí, adjudicado a Bagatrac, cuyo principal accionista, Alberto Jurado Rosales, confesó haber pagado alrededor de $3 millones en sobornos a funcionarios del MOP en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), a través de una cuenta canasta a nombre de la sociedad Blue Apple Services.
La empresa nunca ha sido inhabilitada para contratar con el Estado, lo que le ha permitido continuar participando en procesos de contratación pública.
Cabe resaltar que sólo durante el 2025, Bagatrac acumuló $42.8 millones en 14 contratos con el MOP, incluidos $8.9 millones adjudicados directamente bajo la figura de emergencia ambiental.
Vale recordar que desde octubre de 2025, se mantiene pendiente en discusión de segundo debate, el proyecto de ley 339, que establece la inhabilitación para contratar con el Estado de las personas o empresas que hayan sido condenadas en Panamá.
Con ese antecedente como punto de partida, Duke preguntó a Andrade qué había hecho el MOP para evitar actos de corrupción como los de aquella época.
Andrade respondió que había llevado al MOP a funcionarios “honrados y honorables” y recalcó que el dinero solicitado era para proyectos adjudicados en actos públicos.
La respuesta no convenció al diputado, quien insistió en que su cuestionamiento no se refería únicamente a la conducta de los funcionarios de la actual administración, sino a los controles que deben existir cuando el Estado contrata con empresas que tienen antecedentes en investigaciones por corrupción.
Duke cuestionó precisamente cómo se garantiza que los recursos que la Asamblea aprueba para el MOP no terminen expuestos a actos de corrupción.
“Si yo voy a aprobar un traslado de partida, yo necesito también tener tranquilidad”, planteó el diputado.
El ministro, molesto, le dijo a Duke que si existía una acusación en ese sentido, que la demostrara.
Duke aclaró que no estaba acusando al ministro de manipular las licitaciones, sino planteando una pregunta sobre los controles institucionales.
Entonces se metió el diputado de Cambio Democrático (CD), Carlos “Tito” Afú., señalando a Duke por “insinuar” que existe corrupción por parte de quien dirige el MOP.
Duke reclamó su derecho a réplica. Afú no quería soltar la palabra y repetía que no lo interrumpieran, que ya le llegaría su turno.
Ocasionalmente, el presidente de la Comisión de Presupuesto, el diputado panameñista Eduardo Vásquez, intentaba mediar. Pero todos hablaban y nadie entendía. De pronto, empezaron a cortar la transmisión de la sesión en las redes sociales, para que nadie presenciara lo que ahí ocurría.
Cuando Afú finalmente terminó, Vásquez le dio la palabra a Ricardo Vigial, del panameñista. Duke protestó: y citó el artículo 173 del reglamento interno de la AN, que señala lo siguiente:
“El Diputado o Diputada no deberá hacer alusión personal de otro colega. De hacerlo, la Diputada o Diputado aludido tendrá, inmediatamente finalice la intervención del primero, derecho a réplica por un tiempo no mayor de cinco minutos”.
Finalmente, se lo concedieron,
La discusión del traslado de partida continuó con relativa calma, hasta que llegó el turno de la diputada de Vamos, Yamireliz Chong.
Cuando Benicio Robinson, del PRD, se percató que Chong también quería saber sobre las empresas que serían favorecidas con el traslado de partida, interrumpió la sesión.
Molesto, reclamaba que la discusión debía centrarse únicamente en el traslado que se pretendían aprobar. Cuando Chong, pacientemente, le respondió que eso era precisamente lo que estaba haciendo, Robinson perdió la paciencia.
Otra vez hubo llamados al orden por parte de la junta directiva de la comisión.
En conversación con La Prensa, Chong sostuvo que Robinson había llegado tarde a la sesión y que, por ello, le llamó la atención que cuestionara que su intervención estuviera fuera de orden.
“Básicamente, lo que hizo fue dilatar mi debate, desconcentrarme”, afirmó.
Según Chong, la dinámica de permitir un intercambio directo entre los diputados y los ministros se ha utilizado desde las vistas presupuestarias, con la intervención del presidente de la comisión únicamente cuando es necesario llamar al orden.
Chong también cuestionó lo que considera una “mala práctica” que se ha repetido durante las sesiones: que algunos diputados intervengan para cuestionar la forma en que otros interrogan a los funcionarios.
A su juicio, cada diputado debe poder utilizar su tiempo para formular las preguntas que considere pertinentes y corresponde al funcionario citado responderlas.
De hecho, a Robinson le encanta increpar, cuando le conviene. Por ejemplo, hizo fuertes señalamientos, incluso personales, a la directora de la Autoridad Nacional de Descentralización, Roxana Méndez, cuando la funcionaria acude a sustentar traslados de partidas o en las vistas presupuestarias. Nadie protestó.
“¿Por qué usted ha cogido tanta venganza contra los representantes y alcaldes?”, lanzó Robinson en 2025, cuando Méndez acudió a sustentar un presupuesto de 192,1 millones de dólares para este año.
“Esa auditoría de papel que usted hizo, ¿la envió a la Contraloría o al Ministerio Público?”, preguntó, insinuando que el procedimiento no se había realizado con rigor, lanzó el diputado bocatoreño en ese entonces.
