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Auditoría minera: ambientalistas señalan exclusión de compromisos ambientales acordados en consulta pública

Auditoría minera: ambientalistas señalan exclusión de compromisos ambientales acordados en consulta pública
Fotografía aérea de archivo del proyecto Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals (FQM). EFE/Bienvenido Velasco

Con el inicio de la auditoría integral de la mina Cobre Panamá, anunciado por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) el pasado 12 de septiembre, organizaciones ambientales señalaron incumplimientos en los compromisos ambientales prometidos tras una consulta pública en enero pasado.

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MiAmbiente anuncia el inicio de la auditoría integral de la mina Cobre Panamá en manos de SGS

Así lo sustentaron este jueves 18 de septiembre en una conferencia de prensa, donde detallaron sus preocupaciones por las diferencias entre los términos de referencia (TDR) redactados para la auditoría tras la consulta pública y los que finalmente utilizó MiAmbiente para contratar a la empresa SGS Panama Control Services por los servicios de audito que ascenderían a $539.7 mil.

Mientras que en el borrador de los TDR de la consulta pública “se consideraron 387 compromisos ambientales” del estudio de impacto ambiental categoría III del proyecto minero, en el documento final “se consideran 203″, aseguraron representantes del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), el capítulo panameño de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y el movimiento ‘Panamá Vale Más Sin Minería’. No obstante, las afirmaciones han sido rechazadas por el Ministerio de Ambiente.

La discrepancia se encuentra en el segmento de “objetivos” de ambos TDR. Mientras en el texto consolidado tras la consulta pública se mencionaban directamente la evaluación de cumplimiento de los 387 compromisos ambientales, el TDR final detalla que hay un análisis de los compromisos aplicables para determinar cuáles sí serían evaluados y cuáles no.

Auditoría minera: ambientalistas señalan exclusión de compromisos ambientales acordados en consulta pública
A la izquierda, borrador de TDR tras la consulta pública. A la derecha, TDR final para la auditoría.

“Se han excluido 170 compromisos ambientales, casi el 50% de los compromisos ambientales del proyecto minero (...) Estas omisiones imposibilitan que el país conozca la verdad sobre el proyecto minero” , detalló Joana Ábrego, asesora legal de CIAM.

Ábrego señaló que realizaron los señalamientos para que MiAmbiente realice una “corrección urgente”, así como celebrar una “adenda que permita corregir el TDR”.

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Representantes de organizaciones ambientalistas. Cortesía.

A pesar de que MiAmbiente anunció el inicio de la auditoría, en el sistema SCAFID de la Contraloría General de la República no se registra aún el refrendo del contrato con SGS Panama Control Services; mismo que se mantiene en trámite.

¿Cuáles son los compromisos?

Entre los compromisos ambientales que no serán evaluados se encuentra el diseño de la huella del proyecto, particularmente en lo que respecta a minimizar cambios en el flujo de los cursos de agua. Asimismo, no se incluye el compromiso ambiental sobre el diseño de la planta termoeléctrica para soportar incidentes naturales como ‘cargas sísmicas’.

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Anexo A de los TDR finales para la auditoria. Al inicio se pueden ver algunos de los compromisos que no aplican.

Entre las razones por las que no aplica el audito de dichos compromisos, MiAmbiente detalla en el Anexo A de los TDR finales de la auditoría que “no aplican en fase de cuido y mantenimiento”, misma en la que se encuentra el proyecto minero desde que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró, en noviembre de 2023, inconstitucional el contrato para su operación, suscrito entre el Estado panameño y la filial local de la empresa canadiense First Quantum Minerals.

“El Anexo A quita la fuerza jurídica para que el auditor pueda encontrar no cumplimientos”, dijo Ábrego.

En el propio Anexo A, MiAmbiente marca los compromisos no aplicables como “ejecutado en la fase de construcción”, algunos otros, los marca como prerrogativa de otras entidades públicas.

Según el propio ministerio, más de 260 organizaciones ambientalistas, comunidades locales, academia y sector privado, participaron en la confección de los TDR entre enero y febrero pasado.


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