El pleno de la Asamblea Nacional aprobó este lunes 7 de septiembre, por insistencia, el proyecto de ley No. 571, que modifica las normas de protección de los arrecifes coralinos, los pastos marinos y las especies asociadas.
La votación quedó de la siguiente forma: 50 votos a favor, seis en contra y cero abstenciones.
El aval del proyecto se dio pese a la objeción por inexequibilidad —la incompatibilidad de una disposición legal con la Constitución— presentada por el presidente de la República, José Raúl Mulino.
Hay que recordar que el polémico proyecto de ley fue presentado por el diputado y presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson.
El Pleno Legislativo aprobó en tercer debate, el Proyecto de Ley No. 571; que modifica y adiciona artículos a la Ley 304 de 2022, sobre la protección integral de los sistemas de arrecifes coralinos, ecosistemas y especies asociados.@ShirleyCastRM pic.twitter.com/XG648bCplj
— Asamblea Nacional (@asambleapa) September 8, 2026
Durante la sesión de este lunes, Robinson defendió la propuesta y sostuvo que el proyecto es conveniente porque fortalece la protección de los arrecifes coralinos y asegura la conservación de los ecosistemas marinos a largo plazo.
Según explicó, la iniciativa reconoce las diferencias entre los ecosistemas y establece un tratamiento técnico específico para los pastos marinos. Además, otorga al Ministerio de Ambiente la facultad de regular y fiscalizar las actividades que sean compatibles con la conservación, mientras mantiene la prohibición de aquellas que causen daños irreversibles al ambiente.
Como parte de su exposición, Robinson presentó un video en el que el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, se refiere al proyecto y expresa una posición favorable a permitir determinadas intervenciones en los pastos marinos, siempre que no representen un daño grave.
“Se pueden hacer algunas intervenciones en donde no haya un impacto fatídico para el pasto marino, sino que pueda darse desarrollo con sostenibilidad sin afectar gravemente ni de forma fatal los pastos marinos de Bocas”, se escucha decir a Navarro en el video presentado por Robinson.
El diputado también defendió la posibilidad de desarrollar actividades turísticas en zonas donde existen estos ecosistemas.
“En el Caribe de Colón, en la comarca Guna Yala y en el resto del país es necesario que nosotros podamos tener la posibilidad de seguir creciendo en la materia del turismo. El pasto marino es como la hierba, la hierba que tenemos nosotros y que tenemos que cultivar, a veces sembrar arroz, a veces sembrar maíz. Eso es lo que hacemos en la tierra. El pasto marino precisamente es eso”, afirmó.
Robinson rechazó además los argumentos que vinculan la protección de los pastos marinos con una afectación a los arrecifes coralinos y aseguró que quienes sostienen esa posición están equivocados.
“El que está tratando de decir que el pasto marino va a acabar con los corales marinos está mintiendo”, dijo.
Las objeciones de la Presidencia
La defensa de Robinson contrasta con las preocupaciones expresadas por el Ejecutivo al objetar el proyecto por inexequibilidad.
Uno de los principales cuestionamientos de la Presidencia se concentra precisamente en el cambio al régimen de protección de los pastos marinos. Mientras la legislación vigente prohíbe, de forma general, las actividades de construcción o modificación en estos ecosistemas, la reforma permitiría autorizar determinadas intervenciones mediante permisos administrativos.
Para el Ejecutivo, este cambio flexibiliza de manera significativa las restricciones actuales y genera dudas sobre los criterios que deberán aplicarse para determinar qué actividades pueden ser autorizadas.
El análisis de la Presidencia advierte que el proyecto no establece criterios técnicos, límites ni parámetros legales suficientemente claros para el otorgamiento de esos permisos. A su juicio, esta ausencia de reglas podría dejar un amplio margen de discrecionalidad al Ministerio de Ambiente y traducirse en decisiones inconsistentes, además de reducir la seguridad jurídica en materia de conservación de los ecosistemas marinos.
Otro de los puntos cuestionados por el Ejecutivo es la incorporación del concepto de “daño directo” para determinar las afectaciones a los arrecifes coralinos.
Según la objeción presidencial, ese término no cuenta con una definición jurídica en la legislación vigente y podría dificultar la aplicación de sanciones, debido a que obligaría a demostrar una relación causal inmediata entre una actividad y el daño ambiental.
La Presidencia sostiene que este enfoque podría resultar insuficiente para abordar impactos ambientales acumulativos o aquellos cuyos efectos pueden manifestarse años después de realizada una actividad.
Con la aprobación por insistencia, el proyecto de ley 571 queda nuevamente en el escenario jurídico y político, pese a las objeciones planteadas por el Ejecutivo sobre el alcance de las modificaciones al régimen de protección de los ecosistemas marinos.
