La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de ley No. 281, que plantea que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Superintendencia de Bancos de Panamá adopten las medidas necesarias a fin de flexibilizar temporalmente las obligaciones de los préstamos de naturaleza personal, comercial y agropecuaria, de las personas naturales y jurídicas, cuando el país se encuentre en estado de emergencia nacional.
La propuesta también contempla la suspensión de las partidas del presupuesto general del Estado destinadas a los viajes de funcionarios al extranjero y al interior del país en tiempos de pandemia. Se exceptúa las partidas del personal que está atendiendo alguna situación como parte de la emergencia nacional.
El proyecto 281, originalmente impulsado por la diputada Ana Giselle Rosas, establece que serán los bancos quienes decidirán el plazo de suspensión del pago de las obligaciones que darán una vez sea levantada la emergencia nacional.
En un principio, el proyecto establecía que el plazo de suspensión del pago de las obligaciones “no pasará de los 30 días, luego de levantada la emergencia nacional sanitaria”, pero esta frase fue eliminada del documento. Ahora, los bancos tendrán la potestad de fijar dicho plazo.
Se incluyó una moratoria especial para los créditos agropecuarios por un año; intereses serán cubiertos con los recursos del Fondo Especial Compensaciones de Intereses (Feci). En este periodo, no se ejecutarán las garantías respectivas. Se faculta al Órgano Ejecutivo para que reglamente esta moratoria especial.
Además, se plantea la utilización del financiamiento postelectoral de los candidatos electos por libre postulación, sujeto a una auditoría posterior, para apoyar las medidas contempladas en la presente ley.
El presidente Laurentino Cortizo todavía no ha dicho si vetará o sancionará este proyecto.
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