Karina Connel, presidenta de la Asociación de Trabajadores de la Asamblea Nacional, reaccionó a la polémica que rodea al Legislativo tras la auditoría que la Contraloría General de la República lleva a cabo sobre su planilla.
“Aquí pagan justos por pecadores”, afirmó al referirse a los señalamientos públicos sobre presuntas irregularidades en esa entidad y en la que esta semana se pagaron salarios mediante cheques.
Connel, con varios lustros de trayectoria en la institución, aseguró que muchos empleados están siendo injustamente señalados por situaciones que no les competen. Afirmó que las críticas sobre funcionarios que cobran sin trabajar han empañado la imagen de quienes sí cumplen con sus funciones, afectando la moral de los trabajadores responsables.
A pesar del ambiente tenso que se vivió durante la semana, la dirigente considera que la situación comienza a estabilizarse. Desde su perspectiva, la entrega de los cheques a los empleados marcó un punto de cierre. “Ya con eso nosotros hacemos un cierre. Ya no va a tomar ninguna medida más”, aseguró, dando por concluido el episodio para los funcionarios afectados.
La presidenta de la Asociación explicó además que es necesario diferenciar entre los tipos de trabajadores dentro de la Asamblea. Según detalló, de los cerca de 4,000 funcionarios, alrededor de 1,500 tienen carrera legislativa, lo que les otorga una mayor estabilidad en sus cargos frente a otros empleados considerados permanentes.
“Personal permanente es una cosa y personal con estabilidad legislativa es otra...”, señaló, sugiriendo que no todos los beneficiarios del reciente pago cuentan con la misma garantía de continuidad laboral. Esta distinción deja entrever que, con el cambio de periodo legislativo, muchos contratos podrían no renovarse.
Frente a las declaraciones del contralor sobre la existencia de supuestos funcionarios “fantasma”, Connel negó categóricamente que esta práctica sea generalizada dentro de la institución. Reiteró que los rumores no deben sustituir a las investigaciones formales y defendió el derecho de los trabajadores a no ser estigmatizados sin pruebas.
Finalmente, expresó su respaldo al trabajo de la Contraloría, siempre que se realice con rigor y objetividad. A su juicio, el proceso debe servir para esclarecer cualquier duda sobre la legalidad del personal contratado. “Nosotros también esperamos que la Contraloría pueda encontrar, mediante sus auditorías, si hay personal que cobra y no trabaja. Aquí pagan justos por pecadores”, reiteró.
