Uno de los episodios más escandalosos en la historia reciente del país fue el caso de la “descentralización paralela”, un esquema de distribución de fondos públicos que desató una ola de indignación social y política durante el período 2019-2024.
Este controvertido modelo permitió que la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) autorizara pagos por más de $300 millones, sin fiscalización, a varias juntas comunales, en su mayoría alineadas con el Partido Revolucionario Democrático (PRD).
El presidente de la República, José Raúl Mulino, declaró el pasado jueves 5 de agosto, que los representantes de corregimiento tienen 60 días para suministrar información relacionada con el uso de esos fondos.
“Le dije a la directora Roxana Méndez [Autoridad Nacional para la Descentralización] que les dé 60 días [a los ediles] para que presenten sus informes. Todavía no han transcurrido esos 60 días. Pasado ese plazo, el que entregó la información, la entregó; y el que no lo haya hecho, se someterá al Ministerio Público”, afirmó el mandatario.
En palabras de Mulino sobre este tema, “no hay acuerdo de recámara posible”.
“Aquí no hay acuerdo de recámara posible. Eso fue un atraco desmedido a los fondos de la Nación. Así que lo lamento, pero debieron haberlo pensado antes de tomar ese dinero, los que lo tomaron”, puntualizó.
El presidente también reconoció que la Autoridad de Descentralización no tiene la capacidad para realizar un análisis profundo de las 680 cuentas correspondientes a todas las juntas comunales del país, por lo que será necesario contratar desde auditores forenses hasta profesionales más capacitados para investigar este tema.
“No tengo por qué encubrir a nadie aquí. Pero acuerdo de recámara, no, mi amigo. Eso no va a suceder en este caso”, concluyó el presidente sobre los avances en el proceso.
Como se recordará, esta estructura paralela de reparto de fondos fue patrocinada por el gobierno anterior y sus diputados, en su mayoría del PRD.
¿Cómo fue la distribución?
La distribución no fue equitativa. Por ejemplo, solo 10 juntas comunales recibieron $57.4 millones. La que más obtuvo fue la de Barrio Norte, en la provincia de Colón, donde Jairo Bolota Salazar es representante de corregimiento y diputado a la vez. En el caso de Barrio Norte, se entregaron $14.1 millones.
Sobresale también la junta comunal de Belisario Porras, en el distrito de San Miguelito. Allí, el representante del corregimiento era César Caballero, quien el año pasado fue ultimado a tiros mientras llegaba a su vivienda. Mientras tanto, el diputado del PRD con mayor presencia en la zona es Raúl Pineda. En esta área, es decir, en Belisario Porras, se entregaron $6.6 millones.
En tercer lugar, está la junta comunal de Changuinola, en Bocas del Toro, con $6.0 millones. El representante del corregimiento cuando se repartieron estos recursos era José de La Lastra, del PRD.
Todas las versiones apuntan al diputado de ese circuito, exjefe de la influyente Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional (AN) entre 2019 y 2024, y presidente del PRD, Benicio Robinson, reconocido en la provincia por su control político. Toda la provincia de Bocas del Toro recibió casi $30 millones como parte de la descentralización paralela.
El resto de las juntas comunales beneficiadas fueron Cristóbal Este, en Colón, con $5 millones, seguido de David Cabecera, en Chiriquí, con $4.9 millones. La junta de Salud, también en Colón, y la de Bocas del Toro, en la provincia homónima, recibieron $4.6 millones cada una. Amelia Denis de Icaza, en San Miguelito, obtuvo $4 millones, mientras que Ancón, en Panamá, recibió $3.9 millones y Omar Torrijos, en San Miguelito, cerró con $3.7 millones.
Este esquema fue dado a conocer por el diario La Prensa a través de la periodista Sol Lauría, quien recibió un premio del Fórum de Periodistas por su trabajo. Incluso, quedaron publicados para su descarga los 2,649 registros de la Contraloría de la República con órdenes de transferencias a 466 juntas comunales, 64 municipios, dos asociaciones de alcaldes y cuatro consejos provinciales.
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