Ya hay fecha para la primera reunión de transición entre el contralor saliente Gerardo Solís y el entrante Anel ‘Bolo’ Flores. Será el próximo lunes 2 de septiembre en la sede de la Contraloría General de la República.
Así lo confirmó Flores en sus redes sociales, quien explicó que Solís le envió la invitación para este primer encuentro. “Agradezco su disposición y junto a mi equipo de trabajo estaremos dándole prioridad a los temas que son de interés nacional”, escribió Flores en la red social X.
El encuentro está previsto para las 10:00 a.m. en el salón de contralores de la entidad.
Solís concluye su gestión el próximo 31 de diciembre. Flores, un economista de 65 años de edad, nacido en Puerto Armuelles, Chiriquí, fue electo en la Asamblea Nacional con los votos de los diputados del partido oficialista Realizando Metas (RM), al igual que el de sus aliados del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Cambio Democrático (CD) y el Partido Panameñista.
Hemos recibido la invitación del Contralor @GerardoFSolis para este lunes iniciar un proceso de transición ordenado en la @ContraloriaPma
— Anel Bolo Flores (@AnelBoloFlores) August 30, 2024
Agradezco su disposición y junto a mi equipo de trabajo estaremos dándole prioridad a los temas que son de interés nacional.
Tomará el control de uno de los puestos de fiscalización más importantes del Estado en medio de una creciente desconfianza hacia la Contraloría.
La gestión de Solís, electo por una Asamblea controlada por el PRD durante la gestión de Laurentino Cortizo, es duramente cuestionada.
Recientemente, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI), instó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que resuelva lo más pronto posible la demanda de inconstitucionalidad que presentaron en contra de la Ley 351 de 22 de diciembre de 2022, que modifica la ley orgánica de la Contraloría.
De acuerdo a la Fundación, esas modificaciones han permitido el uso discrecional de millonarias partidas del presupuesto nacional sin la debida fiscalización, resultando en escándalos como los “auxilios económicos” y la “descentralización paralela”.
