Los auxilios económicos del Ifarhu son probablemente el robo más descarado al erario (de los que nos hemos enterado) en los últimos años.
Repasemos la parte legal de esta bribonada: la resolución 28 del 30 de diciembre de 2004 decía clarito en su artículo 69 que los auxilios (como lo dice la palabra) solo podían otorgarse a personas necesitadas.
Pero como aquí lo que está mal lo dejan mal y lo que está bien buscan cómo dañarlo, luego, en la resolución 201 del 17 de marzo de 2015, se agregó a la necesidad económica la académica. Entonces los auxilios se podían dar a alumnos necesitados o a quienes dijeran que necesitaban estudiar. O sea, a cualquiera.
Y así fue como el reglamento le abrió las puertas a la politiquería. Para acabar, el gobierno pasado flexibilizó más el reglamento y estableció que la necesidad se tenía que sustentar solo en ciertos casos (discrecionales) y empezaron a mandar afuera a todo el mundo porque, o sea, estudiar aquí ni es. Y si es gratis, mejor. Hoy los auxilios no son reembolsables, no se dan por concurso ni exigen destacar en nada. Del tema solo hay dos artículos de 71 que tiene el reglamento del Ifarhu, y uno dice que los auxilios tendrán una reglamentación especial. De nuevo, discrecionalidad.
Así fue como convirtieron una ayuda (que bien manejada no es mala) en una caja menuda para atracar al Estado. Una figura que dejaron adrede sin controles para la manipulación y la corrupción. La transformaron en un botín para allegados de políticos descarados. Para hijos, amigos, familiares, grandes empresarios, donantes, contratistas y hasta personas que prestaron su nombre para recibir un auxilio sin estudiar, con la condición de compartir la tajada. Obsceno cashback.
A diferencia de los auxilios, las becas no distinguen clases sociales. Son para quienes se las ganan, punto. Los préstamos son igualmente válidos. Pero los sinvergüenzas que sin necesitarlo recibieron un auxilio desfalcaron al erario, porque le robaron la oportunidad de superarse a quien sí lo requería. Y eso es imperdonable. Aquí se invalidó la educación como mecanismo para avanzar socialmente. No es cualquier cosa. Lesionaron la única vía pacífica (y revolucionaria a la vez) que tienen los pobres para vencer la inequidad. Eso es lo que hace imperdonable este escándalo.
Los auxilios deben tener controles, incluyendo una priorización de carreras. No podemos seguir viendo auxilios de $200 mil para estudiar francés aquí en Panamá. Ni gente que no terminó su carrera, pero cobró el auxilio completo. Ni gente con carreras de $70 mil que recibieron el triple. Ni gente que auxiliaron full price en universidades que tienen acuerdos con Panamá. Ni gente a la que le pagamos universidades normalitas a precio de Harvard. Ni gente que estudió afuera carreras que igual debían revalidar aquí. Ni gente que se quedó afuera ni ejerció lo que estudió.
Eso es injustificable y no se puede quedar así. El Ifarhu debe publicar las listas de beneficiados de auxilios del gobierno de Martinelli y de Torrijos, porque divulgar solo lo de los gobiernos que son sus adversarios políticos, parece una revancha política. Justo de lo que ellos se quejan.
El Ifarhu, además de enmendar el entuerto, debe contactar a los beneficiados y pedirles las pruebas de que realmente estudiaron o están haciéndolo. Y con notas presentables. Porque también, ahí hay gente que renunció a su auxilio, pero sale cobrado. O que no recibió auxilio sino beca o préstamo, pero con la partida de auxilios. O que ni estudió, pero quedó metido en el baile. Eso es un solo guacho y la ley debe llegar a la Asamblea. Ahí veremos cómo votarán los diputados que hicieron japai.
Aquí deben caer no solo funcionarios, sino los beneficiarios que no lo necesitaban y el contralor, que escondió el nombre de los beneficiarios para proteger a los políticos. Esto es un obsceno peculado por malversación. Y a ver si investigan antes de que prescriba, si no queremos después llorar porque seguimos en las listas oscuras.
Este escándalo revela todo lo que está mal. Conflictos de intereses, tráfico de influencias, rosca, despilfarro, opacidad, corrupción y juega vivo. Repartieron $385 millones en 10 años. ¿Cuántas familias hubieran podido salir de la pobreza con esa plata? Aquí hay gente sin agua. Sin luz. Que muere esperando una cita médica. ¿Para que un poco de privilegiados se de la buena vida? Y además se indignan. Si no querían que la gente se enterara o que señalaran a sus hijos, ¿para qué lo hicieron?
Pero lo peor es la complicidad, la tolerancia y la indiferencia social ante la corrupción porque es “mi amigo” o “me cae bien”. Lo que está mal está mal siempre, no solo cuando afecta a otros.
