Un grupo de académicos, activistas y líderes sociales de 18 países lanzó un llamado “urgente” al gobierno panameño para que detenga lo que consideran “una escalada represiva” contra movimientos indígenas, ambientales, sindicales y sociales, y exigen el respeto inmediato a los derechos humanos y la democracia.
El documento responde directamente a las protestas que se desarrollan en calles y carreteras del país, impulsadas principalmente por tres demandas: el rechazo a la Ley 462 que reformó el sistema de seguridad social, la oposición al memorándum de seguridad firmado con Estados Unidos, y contra la minería.
Los firmantes del manifiesto afirman que observan con “preocupación la involución democrática de Panamá” y solicitan a las organizaciones internacionales con mandato en protección de derechos humanos que intervengan “de inmediato para frenar la escalada de violencia estatal, que ya se traduce en la detención de cientos de civiles, la retención de salarios de quienes se sumaron a la huelga indefinida iniciada el 23 de abril de 2025, la amenaza de despidos masivos o la persecución judicial de organizaciones participantes en las protestas, entre otros hechos”.
El documento cuenta con al menos 100 adhesiones. Entre ellas figuran Alberto Acosta (expresidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador), Yayo Herrero (antropóloga y ecologista global), Lucia Ixchiu (del Black and Indigenous Liberation Movement), Alfonso Insuasty (Red Interuniversitaria por la Paz), Paco Gómez Nadal (periodista y ensayista), Maite Alemany Jordán (Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia), Gilma Camargo (abogada panameña), Mariela Arce (Alianza de Mujeres), Marcela Camargo Ríos (historiadora) y Diana Candanedo González (Cuidemos a Panamá).
Los signatarios alertan sobre “la detención de cientos de civiles, la retención de salarios a huelguistas desde el 23 de abril, la amenaza de despidos masivos y la persecución judicial a organizaciones de protesta”.
“No es la primera vez que la población panameña enfrenta este nivel de represión”, reconocieron, pero advirtieron que “la violenta respuesta gubernamental y la dudosa separación de poderes encienden las alarmas por la falta de garantías legales”, afirman en el manifiesto.
En nombre del libre tránsito
Paralelamente, desde el inicio de las manifestaciones, la Policía Nacional ha manifestado que garantizará la libre circulación. Este discurso es promovido desde la Presidencia de la República.
En mayo pasado, durante una reunión con empresarios, el presidente panameño José Raúl Mulino afirmó que “respeta el derecho a la protesta, pero destacó que el libre tránsito es un derecho y será garantizado”.
